Por Elí Darío Zuleta

*Médico Cirujano

Para nadie es un secreto que el país vive sus momentos más críticos en materia de salud. Y no es de extrañar que dicha crisis haya permeado la red hospitalaria de nuestra ciudad, Ibagué.

Como un tren que abandona una estación —la de la dignidad y el buen servicio—, se lleva consigo los sueldos del personal sanitario y suspende servicios vitales para la ciudadanía. Ese abandono no solo precariza la dignidad laboral de los profesionales de la salud. También sepulta cualquier esperanza de los pacientes de recibir un trato digno.

Las grietas del sistema en Ibagué son visibles. Se sienten en las alacenas vacías, en las cuentas bancarias en rojo y en los talonarios de los pagadiarios. Hoy cualquier trabajo en salud se ha convertido en una economía de supervivencia.

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Los pacientes, víctimas centrales de esta tragedia, han visto cómo la moral de médicos y enfermeras se viene abajo. Ese cansancio se refleja en malos tratos y en una desconexión progresiva entre profesional y paciente.

El origen de fondo está en el desfinanciamiento del gobierno a las EPS. El mismo Ministerio de Salud ha reconocido que 29 EPS concentran deudas que sobrepasan los $32 billones de pesos con hospitales, IPS y proveedores del sector.

Esas deudas, en lugar de generar alarma, se han convertido en motivo de risas y discursos falaces por parte del Ejecutivo. Pero en Ibagué se sienten en carne propia: cierre de servicios, insumos inexistentes y nóminas atrasadas e incompletas.

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La crisis de salud en nuestra ciudad ha sido penosamente normalizada. Igual que los huecos de las calles del barrio El Salado.

Por su parte, la Corte Constitucional hizo su tarea este año. Ordenó al gobierno reajustar los valores de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Argumentó que los montos fijados correspondían a cuentas de cobro fantasiosas, que en nada representan los costos reales de la atención.

Para muestra un botón. La liquidación de Medimás dejó obligaciones por $125 mil millones de pesos con la red pública y privada. Pijao Salud adeuda más de $34 mil millones, obligando a hospitales a suspender servicios. En la Clínica Tolima, la Nueva EPS acumula más de $10 mil millones, lo que llevó al cierre de urgencias y hospitalización pediátrica.

El impacto de este déficit lo sufren directamente los profesionales de la salud. No les queda más remedio que asistir a sus puestos bajo la promesa vacía de un pago futuro.

Algunos lo ven como un “ahorro” a largo plazo. Otros, como un nuevo modelo esclavista, camuflado bajo el predicamento de que la salud es un apostolado alimentado por la vocación de servicio. Pero la vocación no paga arriendos ni lleva alimentos sobre la mesa.

La ironía es brutal. Un sistema que nació para garantizar la cobertura universal de salud termina reprimiendo a quienes lo sostienen en primera línea.

Médicos con contratos tercerizados y precarios. Enfermeras con meses de atraso salarial. Hospitales convertidos en acreedores involuntarios de EPS morosas. Todo esto es producto de políticas regresivas, ideologizadas y carentes de enfoque humanitario.

El Ejecutivo no se preocupa por el bienestar de sus conciudadanos. Prefiere repetir que “no salvará al sistema”, poniendo en juego la vida de los colombianos.

El círculo vicioso está claro: sin recursos públicos las EPS no pagan. Los hospitales y clínicas cierran servicios e incumplen nóminas. La atención se deteriora y los pacientes cargan con las consecuencias.

Ibagué no es un caso aislado. Es la radiografía de lo que ocurre en cada rincón del país. Mientras tanto, en Bogotá se discuten reformas polarizadas, hechas a la medida de sesgos ideológicos. Y mientras la Corte Constitucional ordena reajustar la UPC, el gobierno responde con evasivas.

Peor aún, en su retórica de “golpe blando”, el Ejecutivo insiste en no acatar sentencias. Así promueve el colapso del sistema y viola abiertamente el artículo 49 de la Constitución, negando a los colombianos el derecho fundamental a la salud.