Ante este hallazgo, la veeduría requirió formalmente al IBAL ampliar la información relacionada con el contrato e informar, de manera clara y verificable, la fecha de realización de la “Reunión de Inicio” del proyecto, tal como lo establece la Guía de Manejo Socioambiental del Sistema Integrado de Gestión, que contempla este espacio como un mecanismo obligatorio de socialización con la comunidad.

La veeduría también advirtió una falta de articulación institucional en torno al proyecto, señalando que entidades del Municipio no dieron respuestas claras y trasladan responsabilidades entre sí. Para la ciudadanía, recalcan, el responsable es uno solo: la Alcaldía de Ibagué.

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Según los veedores, esta situación reafirma un problema de fondo que se ha venido advirtiendo: la ausencia de un espacio de coordinación efectivo para la gestión integral del Parque Centenario. Por ello, insisten en la creación de una Mesa de Gobernanza con participación de autoridades, IBAL, entes de control, academia y ciudadanía.

Una de las principales exigencias es convocar de inmediato este espacio para garantizar transparencia, coordinación y participación ciudadana, permitiendo que las distintas dependencias concurran de forma articulada y que la ciudadanía cuente con un canal claro, único y efectivo de interlocución.

“La veeduría hace un llamado a la Alcaldía de Ibagué para que convoque de manera inmediata este espacio de gobernanza, permitiendo que las distintas dependencias concurran de forma coordinada y que la ciudadanía cuente con un canal claro, único y efectivo de interlocución”.

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Además, explicaron que el Festival Vive Centenario, como iniciativa ciudadana, propone la creación de esta mesa como “un mecanismo permanente de articulación entre la administración municipal, entidades descentralizadas como el IBAL, entes de control, academia y ciudadanía organizada, con el fin de planear, hacer seguimiento y garantizar transparencia en las intervenciones sobre el parque”.

Se espera que, en el marco del seguimiento de la Contraloría General de la República, se garantice no solo el control sobre la ejecución contractual, sino también el cumplimiento de los principios de transparencia, participación y coordinación institucional.