En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena al Estado colombiano por el asesinato selectivo de los miembros del partido Unión Patriótica (UP) durante las décadas de 1980 y 1990, el presidente Gustavo Petro reconoció la responsabilidad del Estado en estos hechos. “El Estado de Colombia pide perdón porque es corresponsable de un genocidio político”, declaró el mandatario.

El Acto de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado colombiano busca brindar reparación y reconocimiento a las más de 6.200 víctimas, entre ellas dos candidatos presidenciales: Jaime Pardo Leal, asesinado el 11 de octubre de 1987, y Bernardo Jaramillo Ossa, el 22 de marzo de 1990.

Durante el evento, el presidente Petro reconoció la participación del Estado en articulación con grupos paramilitares, sectores de la política tradicional, la fuerza pública y grupos empresariales, cuyo propósito era contrarrestar el creciente apoyo que la UP que ganaba aceptación y lograba posicionarse como fuerza política. 

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Petro recordó, además: “Cuando llegué al Congreso por primera vez, en 1991, encontré una bancada de la Unión Patriótica. ¿Cuántos de ellos están vivos? Ninguno”. El mandatario destacó la paradoja histórica: el genocidio de la UP coincidió con la promulgación de la Constitución de 1991. “¿Cómo puede existir una constitución democrática y, al mismo tiempo, el exterminio de todo un partido político?”, expresó.

La Corte Interamericana comprobó que en la persecución a la UP hubo claros patrones de participación estatal, en particular del Ejército Nacional, tanto de manera directa como mediante actos de tolerancia y colaboración. “Hoy aquí no está el Estado. Está el Ejecutivo. Por eso quise que la cúpula militar me acompañara”, precisó Petro.

Por su parte, la senadora del Pacto Histórico y sobreviviente de la UP, Jael Quiroga, señaló que los señalamientos y la estigmatización promovidos desde las altas esferas del Estado convirtieron al partido y a sus militantes en “enemigos” y, por tanto, en objetivos legítimos de violencia y exterminio.

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“La violencia destruyó vidas, truncó carreras políticas y de liderazgo, desintegró familias y sembró miedo en comunidades enteras”, afirmó. Además, advirtió que “el reconocimiento como reparación no es suficiente; se necesita una reparación integral, humana y transformadora. Por eso hablamos de rehabilitación social y política, de la necesidad de reconstruir los proyectos de vida truncados”.

Del éxito político al exterminio

El partido Unión Patriótica (UP) nació en 1985 como resultado del Acuerdo de Paz de La Uribe (Meta) entre el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Belisario Betancur, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), junto al Partido Comunista Colombiano.

La propuesta permitía que los miembros de la guerrilla de las Farc, tras un armisticio, pudieran participar en elecciones democráticas. La convocatoria también buscaba integrar a diversas fuerzas sociales y políticas de carácter alternativo y de izquierda. Sin embargo, tras su éxito como movimiento político, la UP empezó a ser sistemáticamente exterminada.

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En las elecciones de 1986, la Unión Patriótica se posicionó como la tercera fuerza política más importante del país, motivo por el cual el Consejo Nacional Electoral le otorgó personería jurídica mediante la Resolución No. 37 del 20 de agosto de 1986.

Durante el V Pleno de la Junta Nacional de la UP, en 1987, y tras los asesinatos de varios de sus dirigentes, las Farc-EP decidieron retirarse del movimiento. No obstante, muchos de sus miembros optaron por continuar, reafirmando su naturaleza como partido alternativo y reivindicando sus derechos políticos y civiles, a la vez que se distanciaban del grupo guerrillero. Este hecho rompe la tregua de los Acuerdos de Paz de La Uribe con las Farc.

La UP continuó su participación en la vida política, pero el exterminio se intensificó debido a los señalamientos de ser el “partido de las Farc”. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se reconoce el asesinato de 9 congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes, simpatizantes del sector cultural y del magisterio, profesionales y campesinos.