La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que el 16 de septiembre condenó a exlíderes de las FARC por la política de secuestros que dejó más de 21.000 víctimas en el país, dictó ahora sentencia en el Caso del Batallón La Popa.

Acto solemne

En el recinto una Mochila Wayuu tejida en tonos tierra, contenía la sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería N.º 2 La Popa.  A su vez una jueza oriunda de la Costa Caribe donde se cometieron las 135 ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2005, leía la sentencia con la cual no sólo se reconocía la culpabilidad del estado, sino también la inocencia de los jóvenes asesinado y tildados guerrilleros.

En un acto cargado de simbolismo y memoria, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo entregó la sentencia, sino que anunció que la mochila que se alzaba en la sala, como la digna represéntate de las comunidades indígenas y campesinas a las que le han ejecutados los hijos. Sería enviada al Cesar y La Guajira, territorios que guardan las huellas del dolor y el silencio de las comunidades afectadas por los falsos positivos del Batallón 2 La Popa.

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La sentencia

El Tribunal de Paz declaró que civiles fueron asesinados y reportados como “bajas en combate”, bajo un patrón sistemático que golpeó comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes del Caribe colombiano.

Las sanciones impuestas, de seis a ocho años, no serán en prisión, sino mediante proyectos de reparación colectiva, actos conmemorativos, trabajo comunitario y búsqueda de desaparecidos. La JEP enfatizó que el objetivo es la verdad plena, el reconocimiento de responsabilidades y la reparación efectiva, para superar décadas de impunidad.

El fallo también exhorta a las Fuerzas Militares a retirar condecoraciones o reconocimientos otorgados a los responsables por estas muertes. Con ello se reconoce que no fueron “operaciones exitosas”, sino crímenes de Estado.

Así mismo, exhorta al Gobierno Nacional para declarar un día cívico en memoria de las víctimas como reparación simbólica, pero también como forma de preservar la memoria para evitar la repetición de los hechos victimizantes.

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La caída de los héroes

El Batallón de Artillería N.º 2 La Popa fue presentado a comienzos de los años 2000 como un ejemplo de eficacia militar. Sus operaciones en el Cesar y La Guajira eran difundidas como triunfos frente a la guerrilla, con cifras de “bajas en combate” que parecían demostrar contundencia.

Pero pronto, ese supuesto éxito empezó a despertar sospechas. Entre 2002 y 2005, comunidades campesinas e indígenas del Cesar y La Guajira denunciaron que los muertos no eran combatientes, sino civiles engañados con falsas promesas de trabajo.

Con el paso de los años, esas voces se transformaron en denuncias formales y expedientes judiciales. Ya en la década de 2010, la Fiscalía y organismos de derechos humanos habían documentado un patrón criminal que disfrazaba ejecuciones de civiles como victorias militares, abriendo el camino para que en 2022 la JEP imputara a 12 exmilitares del Batallón La Popa, mismos que fueron encontrados culpables y recibieron sentencia este 18 de septiembre.