El 10 de abril de 2004, se reportó un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla en la vereda Potosí, corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca (Tolima). La noticia se difundió a nivel nacional como un éxito militar, donde se había dado de baja a cinco guerrilleros.

Pero inmediatamente surgieron denuncias de que no se trataba de guerrilleros y que la prueba irrefutable de ello, era que un bebé de menos de seis meses de edad estaba entre las bajas del presunto combate. Al verse descubiertos, los militares aseguraron que se trató de una confusión. Álvaro Uribe Vélez, entonces presidente de Colombia, visitó el lugar dos días después del hecho y afirmó que confiaba en la versión de los soldados de que se habían equivocado.

Versión del error militar

La masacre fue ejecutada por una patrulla militar que pertenecía a la Compañía Búfalo del Batallón de Contraguerrilla Pijaos, encuadrada en la Sexta Brigada del Ejército Nacional de Colombia.

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En juicio se probó que no fue un error, porque las víctimas identificadas como Benjamín Aristizábal, su esposa Yolanda Garzón, sus hijos Edison, Leidy y el bebé de seis meses Kevin Alexis, tenían disparos en la cabeza, ejecutados a corta distancia. La escena evidenció que los militares plantaron armas junto a los cadáveres, lo que refuerza la intención de simular un enfrentamiento.

Finalmente, la justicia concluyó que no se trató de una confusión, sino de un crimen planificado para inflar resultados operacionales. Cinco soldados rasos fueron condenados a penas entre 35 y 40 años de prisión, mientras que varios suboficiales resultaron absueltos.

Primeros ecos de un fenómeno

El caso de Cajamarca fue uno de los primeros en evidenciar la planificación de una masacre en la que civiles en estado de indefensión fueron ejecutados y luego presentados como bajas en combate. No obstante, en ese momento aún no se había probado que esta fuera una práctica sistemática y generalizada al interior de las Fuerzas Armadas.

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Fue a partir de 2008, con las denuncias de las Madres de Soacha, que esta modalidad de crimen comenzó a recibir atención nacional e internacional. Ellas expusieron cómo sus hijos fueron engañados, trasladados a otras regiones y asesinados por el Ejército, para luego ser reportados como guerrilleros muertos en combate. A raíz de su lucha, el país comenzó a reconocer esta práctica que se denominó “falsos positivos".

La JEP y la macroestructura criminal

Hoy, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga este fenómeno bajo el Macrocaso 03. Según sus indagaciones, entre 2002 y 2008 se registran 6.402 víctimas, dispersas por todo el territorio nacional. También se han recolectado testimonios sobre casos de soldados que fueron asesinados por sus propios compañeros y/o superiores cuando se negaron a cometer falsos positivos, y luego sus cuerpos fueron falsamente presentados como bajas en combate.

Cajamarca marcó un punto clave en la historia de los falsos positivos en Colombia, porque fue uno de los primeros gritos de alerta, y se dio desde el Tolima, donde una familia y parte de su comunidad decidieron denunciar las irregularidades del caso ante medios de comunicación.