La Fiscalía General de la Nación oficializó nuevas medidas cautelares de extinción de dominio sobre 45 propiedades inmobiliarias relacionadas con el proceso judicial que se adelanta contra la cadena de comercio minorista Lili Pink. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio coordinó los procedimientos operativos, estableciendo un avalúo comercial conjunto para estos activos que excede los 184.615 millones de pesos.

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Las diligencias de ocupación e intervención administrativa fueron ejecutadas por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación en articulación con unidades del Ejército Nacional. Las operaciones abarcaron 17 predios de carácter rural y 28 urbanos situados en Bogotá, los municipios cundinamarqueses de Funza, La Calera y Tenjo, así como en Cartagena, Pereira, Cali e Ibagué, capital tolimense en donde la marca opera cinco tiendas comerciales.

Esta actuación corresponde a una nueva etapa operativa dentro de la indagación penal, tras una fase previa efectuada el 27 de abril en la que se aplicaron medidas cautelares sobre más de 400 establecimientos donde se comercializa esta marca bogotana. En el curso de las investigaciones se han efectuado capturas de personas vinculadas al caso, entre ellas el abogado Walter Martínez Martínez, a quien el ente investigador le imputó el 14 de mayo los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y contrabando.

De acuerdo con el expediente del ente investigativo, la estructura habría implementado un entramado de empresas compuesto por importadoras, comercializadoras y sociedades de papel. A través de dicha red ingresaba al territorio nacional mercancía como prendas de vestir, juguetes y productos cosméticos, con el propósito de distribuirlos en el mercado interno y dar apariencia de legalidad a las operaciones comerciales.

El esquema analizado por la entidad adelantaba maniobras orientadas a disimular el control aduanero, fragmentar transacciones financieras y simular relaciones comerciales entre distintas firmas. Estas acciones tenían como objetivo dificultar la trazabilidad del dinero procedente de las actividades delictivas y facilitar su incorporación al sistema económico formal del país.

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Los análisis incorporados a la investigación por parte de la Fiscalía señalan que la presunta estructura estaría relacionada con operaciones de lavado de activos por un monto superior a $730.000 millones. Adicionalmente, el proceso contempla estimaciones por un presunto enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones y hechos de contrabando que superarían los $75.000 millones.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.