Un aprendiz del SENA, compareciente como exmiembro del Ejército ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), denuncia que no ha podido realizar su etapa productiva debido a su situación judicial registrada ante la Procuraduría, donde figuran antecedentes por el delito de homicidio en persona protegida, tipificación para denominar los “falsos positivos” cometidos por miembros del Ejército contra civiles.

El compareciente, quien solicitó reserva de su identidad y a quien llamaremos “Manuel”, asegura que ha sido víctima de discriminación y de un trato injusto por parte de directivas del SENA.

Manuel cuenta que ingresó a la institución en abril de 2025 para cursar el técnico en Maquinaria Pesada para Excavación. Señala que, desde el principio, el SENA conocía su condición de compareciente por casos relacionados con falsos positivos y que era beneficiario de procesos de reintegración.

Etapa productiva

Le contó a El Cronista.co que varias empresas le han negado la posibilidad de realizar su práctica debido a sus antecedentes. Recuerda un caso específico en Antioquia, donde una compañía estaba a punto de contratarlo: superó los exámenes médicos y todo el proceso de selección, pero días antes de iniciar le informaron que no continuarían con su vinculación.

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“Cuando faltaban ocho días, me llamó la muchacha y me dijo que esperara porque todavía no me podía contratar. Extraoficialmente me dijo: ‘Lo único es que no lo podemos contratar porque tiene antecedentes’”, relató.

Ayuda del SENA

Aseguró que intentó solicitar apoyo a través del SENA para realizar su etapa productiva, pero la respuesta de la entidad ha sido tajante: no hace parte de sus funciones intervenir en este tipo de situaciones, ya que son las empresas, en ejercicio de su autonomía, las que deciden a quién contratan y a quién no.

En un derecho de petición que Manuel compartió con El Cronista.co, el SENA respondió:

“Ahora bien, el contrato de aprendizaje laboral especial y a término fijo, en principio, es un acuerdo de voluntades en el que intervienen la empresa contratante o patrocinadora y el aprendiz; este se materializa con la suscripción del contrato, una vez se surte el proceso de selección que adelanta cada empresa, el cual es autónomo e independiente y en el que el SENA no interviene”.

Sostiene que, aunque el SENA no puede obligar a las empresas a contratarlo, sí debería realizar acompañamiento o brindarle alternativas. Según afirma, lo único que le han solicitado es mantener actualizada su información y le han indicado que su hoja de vida será priorizada para futuras convocatorias de contrato de aprendizaje.

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Discriminación

Manuel relata que ha vivido varios hechos de discriminación en el SENA. Señala al director regional del Tolima, Alexander Montealegre Ramírez, de haberle manifestado que él utilizaba su condición de compareciente para “poner problemas” y que, según su relato, le dijeron que “no tenía derecho a nada”.

El aprendiz asegura que, al acogerse a la JEP, el Estado y la sociedad asumieron la obligación de facilitar su reintegración laboral, tal como quedó establecido en el Acuerdo de Paz, y considera que en su caso estos compromisos no se están cumpliendo.

También afirma que la JEP no ha tomado acciones para brindarle garantías. Actualmente depende de apoyos económicos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para subsistir.

“Es duro. A veces, si no es porque la ARN me brinda un apoyo económico, no tengo para comer ni para vivir, porque no puedo ir a trabajar a ninguna empresa; no me dan la oportunidad”, aseguró.

Riesgo de exclusión

Manuel señala que esta situación le genera frustración. Afirma además que su caso no es aislado y que la mayoría de los comparecientes militares enfrentan dificultades similares para acceder a empleo formal.

Según explica, quienes logran sostenerse son aquellos que tienen negocios propios, mientras que quienes dependen de un empleo formal encuentran serias barreras para una verdadera integración al mundo laboral.

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Posibles acciones legales

Según Manuel, su caso refleja una persecución judicial que ha derivado en registros y antecedentes que hoy continúan generándole obstáculos para su reintegración laboral.

Advierte que este tipo de situaciones podría llevar a que personas que están aportando a la verdad y a la no repetición terminen considerando la ilegalidad como única salida económica ante la falta de oportunidades.

“Si yo determino que ya me canso de esto, luego cojo las armas y hago algo mal o cometo un error, ahí sí la sociedad ahí sí las instituciones y el mundo van a decir que yo no cumplí”, aseguró.

Y agregó, “me parece que hay también una injusticia por parte de las entidades estatales al no brindar pues garantías para la reinserción en la vida civil”.

Sin embargo, asegura que seguirá luchando para que le sean garantizados sus derechos y planea presentar una acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales.