El anuncio de la Alcaldía de Ibagué, en conjunto con los gremios de transportadores, sobre el incremento en la tarifa del transporte público ha generado malestar entre la ciudadanía. La organización Fundaprocol DD.HH. señaló que la decisión, al parecer, fue tomada a puerta cerrada, sin un proceso amplio de concertación con la comunidad.

Según el comunicado oficial de la Alcaldía, el ajuste corresponde a un incremento del 13,8 %, porcentaje inferior al 23 % decretado por el Gobierno Nacional para el salario mínimo. Si bien el alza del transporte público en Colombia suele tener en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para 2025 se ubica alrededor del 5,3 %, estos aumentos se negocian con los gremios y buscan cubrir los costos de operación y mantenimiento, lo que termina impactando peajes y pasajes urbanos proyectados para 2026.

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Las nuevas tarifas establecidas serán de $3.300 de lunes a sábado y $3.400 los domingos y festivos. En cuanto a las tarifas rurales, la Administración Municipal informó que no tendrán incremento en las zonas priorizadas. Según la Alcaldía, el ajuste busca garantizar la sostenibilidad del servicio de transporte público, sin afectar de manera desproporcionada el bolsillo de los usuarios que lo utilizan a diario.

En línea con Asocapitales quienes señalaron que, “aunque es una decisión socialmente necesaria, el ajuste del 23 % del salario mínimo impacta directamente los costos de operación y podría generar un aumento cercano a $200 por pasaje en las capitales, además del alza del 11 % ya prevista”, lo que se traduciría en un incremento total de entre $350 y $450 pesos.

Sin embargo, múltiples quejas ciudadanas advierten que el servicio presenta serias deficiencias que, a juicio de los usuarios, no justifican un aumento de esta magnitud. Entre los principales reclamos se encuentran vehículos contaminantes y en mal estado, problemas de seguridad, rutas con baja frecuencia y sobreocupación en horas pico.

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A ello se suma la falta de implementación real de mejoras estructurales del sistema Transmusical. De acuerdo con las críticas, cerca de 50.000 personas han dejado de usar el transporte público en Ibagué desde 2018, debido a estas falencias.

Otro elemento de crítica es que Ibagué presenta altos índices de desempleo e informalidad, por lo que el aumento podría afectar aún más el bolsillo de los ibaguereños. Mientras el alza representa un alivio económico para las empresas y los propietarios de busetas, supone una carga adicional para los ciudadanos, que no solo se desplazan a sus lugares de trabajo, sino que también deben cubrir los costos de transporte de estudiantes hacia sus instituciones educativas.