Por Gloria Aponte García - Arquitecta-investigadora Unibagué

En el ocaso del siglo pasado, y mediante la Ley 99, se crearon en 1993 el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA. Diez años después, en cierto declive institucional, la cartera fue fusionada en 2003 con asuntos de Vivienda, Agua Potable y Saneamiento Básico, dando lugar al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Posteriormente, en septiembre de 2011 viene una nueva modificación, quedando separada la cartera de Vivienda, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS- como se sigue llamando actualmente.

Cada vez se habla más de medio ambiente lo cual, como tantas cosas en la vida, tiene su más y su menos. El menos: que se usa el término para todo, para esconder, para conseguir aceptación, para pasar de largo, o de manera más amplia, para aquello que se ha denominado greenwashing (para “lavar” ciertas acciones aparentando que son mejores).  

Y todo esto, sin haber asimilado lo que medio ambiente (o ambiente) significa o implica. El más: que el frecuente uso del término abre espacios para discusión, aclaración y ojalá asimilación general.

La separación jurídica y normativa no quiere decir que no persista una relación directa entre el Ambiente y las construcciones dedicadas a vivienda o a las demás que ocurren en área urbana. En Ibagué, particularmente, se presentan abundantes contravenciones a la débil normativa urbana, que terminan afectando al Ambiente y al paisaje.

Construcción sobre la ronda de la quebrada San Antonio, con Av. Ambalá y su licencia de construcción.

Una causa puntual es la incoherencia entre la Licencia de construcción, otorgada desde las Curadurías urbanas, para edificios de 20 y hasta 30 pisos, en predios que años atrás obtuvieron licencia de urbanización para construcciones de 2 ó 5 pisos.

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Por supuesto, las vías vehiculares y la disponibilidad de servicios se materializaron en concordancia con el número de habitantes que la primera licencia suponía. Resultado? El número de vehículos, multiplicado por 20 o más veces, agrava la congestión vial acompañada de la consecuente contaminación por combustión, por ruido y por la dificultad para el desplazamiento peatonal.

Los servicios domiciliarios previstos son totalmente insuficientes, por lo cual sufren los habitantes como en los casos de los conjuntos Alminar Samoa o Arboleda Campestre; o las nuevas construcciones interceptan los servicios que se han planeado y construido para otros desarrollos cercanos.

¡Y qué decir de la desproporción entre espacio construido y espacio abierto común! Los edificios aparecen de repente en lugares insospechados, obstruyendo visuales funcionales y rompiendo con la armonía del paisaje con el que se han identificado los ibaguereños por décadas. Un grave caso es la invasión de rondas de quebradas con licencia de construcción, es decir “invasión legalizada” por Curaduría, como un caso particular sobre la quebrada San Antonio al llegar a la Avenida Ambalá, entre otros incontables por toda la ciudad.

Conjunto residencial Fortezza 3, invadiendo ronda del río Opia

Y más graves aún, casos de edificaciones sólidas de estrato medio/alto “urbanización legalizada” sobre rondas, por ejemplo, el Conjunto residencial Fortezza2 que ocupa en varios puntos la ronda del río Opia, el cual ya viene siendo maltratado por otras propiedades privadas industriales más arriba en su curso.

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Por estas entre otras muchas razones, con base en la figura legal de Veeduría Ciudadana, surge VEECU en Ibagué en marzo pasado, la Veeduría de Control Urbano que se propone poner el granito de arena de siete veedores, en búsqueda de aportar algo al orden y al medio ambiente que tanto reclama esta ciudad.