Por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, la Fiscalía General de la Nación judicializó al alcalde de San Antonio, Tolima, José Dayler Lasso Mosquera, así como al secretario de Planeación del municipio, Miguel Andrés Capera Hernández.

De acuerdo con el ente acusador, ambos funcionarios habrían participado en irregularidades detectadas en un contrato para la compra de repuestos de maquinaria pesada por un valor superior a los 33 millones de pesos. La Fiscalía señaló que una de las cotizaciones, presuntamente elaborada por el secretario de Planeación y entregada a los contratistas, contenía valores superiores a otras dos propuestas que sí se ajustaban a los precios reales del mercado.

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Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el mandatario local y el funcionario, al parecer, se habrían interesado en favorecer a un consorcio contratista conformado por Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández. El contrato se suscribió por más de 33 millones de pesos, pese a que la normativa de mínima cuantía solo permitía contratar hasta 29.978.789 pesos.

Durante la investigación, la Fiscalía evidenció que los valores de algunas cotizaciones habrían sido alterados y que una de las firmas no correspondía a la del proponente, quien además no habría presentado dicho documento ante la Alcaldía de San Antonio.

Según el ente investigador, el alcalde —encargado de realizar la invitación pública dentro del proceso de mínima cuantía— habría utilizado estas cotizaciones adulteradas para adelantar el trámite contractual, que finalmente fue adjudicado al consorcio mencionado.

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Por su parte, Durán Briñez habría ejercido el rol de representante legal del consorcio y, en esa calidad, firmó los actos contractuales y precontractuales. Zambrano Hernández, entre otras actuaciones, habría sido el encargado de aportar documentos destinados a sustentar la supuesta experiencia del consorcio para proveer los elementos requeridos por la administración municipal.

La Fiscalía informó que también los contratistas Durán Briñez y Zambrano Hernández fueron judicializados en calidad de intervinientes, como presuntos responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.