Este miércoles 2 de septiembre se presentaron los alegatos finales dentro de la demanda de nulidad electoral que busca dejar sin efecto la elección de Renzo García y Marco Hincapié como representantes a la Cámara por el Tolima. En esta etapa, las partes expusieron ante el Consejo de Estado sus últimos argumentos antes de que se tome una decisión sobre el proceso.

La demanda fue interpuesta por Javier Rodríguez Figueroa y admitida por el Consejo de Estado el pasado 11 de junio de 2026. Rodríguez Figueroa sostiene que fue dejado por fuera de la conformación de la lista a la Cámara de Representantes por el Tolima, pese a su participación en la consulta del Pacto Histórico en octubre de 2025.

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En febrero de 2026, el CNE ratificó y mantuvo en firme la inscripción de la coalición Pacto Verde por el Tolima, integrada por el Pacto Histórico y la Alianza Verde, para la Cámara de Representantes en el departamento.

Sin embargo, en sus alegatos finales, el organismo señaló que esa decisión no analizó de manera específica el efecto que tuvieron las renuncias de dos candidatos sobre la conformación de la lista ni si estas pudieron incidir en la posición que finalmente ocupó Rodríguez Figueroa.

El debate queda ahora en manos del Consejo de Estado, que deberá establecer si esas renuncias debieron modificar el orden de la lista y si los cambios cuestionados tuvieron alguna incidencia en la elección de los dos congresistas.

Por ello, la discusión ahora queda en manos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que deberá revisar las pruebas incorporadas al expediente para establecer si las renuncias tenían consecuencias sobre la reorganización de la lista.

Entre los elementos que serán objeto de análisis están el Acuerdo de Coalición del 5 de diciembre de 2025, el Formulario E-6 presentado el 7 de diciembre y el audio de una reunión virtual realizada el 2 de diciembre.

El peso del voto preferente

Al tratarse de una lista con voto preferente, la elección de Marco Hincapié y Renzo García no dependió únicamente de la posición que ocuparon en la lista, sino también del respaldo individual que cada uno obtuvo en las urnas. Por eso, aunque se cuestione la forma en que se conformó la lista y el efecto que pudieron tener las renuncias de otros candidatos, el Consejo de Estado deberá establecer si esas circunstancias realmente alteraron el resultado electoral.

En otras palabras, el Consejo de Estado tendrá que determinar si, aun con las modificaciones cuestionadas, Hincapié y García habrían obtenido las curules con los votos que recibieron.

La decisión podría ser determinante para el futuro de la elección de Renzo García y Marco Hincapié, pues el alto tribunal deberá establecer si las circunstancias que rodearon la conformación de la lista constituyeron un vicio capaz de afectar la legalidad de la elección.

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Registraduría pide salir del proceso

Mientras el Consejo de Estado deberá resolver el fondo de la controversia, la Registraduría Nacional del Estado Civil presentó sus alegatos de conclusión y pidió ser desvinculada del proceso.

La entidad sostiene que no tiene responsabilidad sobre las decisiones que originaron el conflicto, debido a que los acuerdos políticos, avales, coaliciones y modificaciones en la conformación de la lista fueron definidos por las organizaciones políticas.

La Registraduría también argumenta que su actuación se limitó a recibir y verificar formalmente la documentación presentada para la inscripción de la lista y que no tenía competencia para intervenir en las decisiones internas de los partidos.

La entidad se apoya además en la Resolución 0855 del CNE, mediante la cual fue negada la solicitud de revocatoria de la inscripción, aunque el debate sobre las renuncias y sus efectos concretos sobre el orden de la lista no habría sido resuelto de manera específica por esa autoridad.