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Polémica por ‘mico’ en Ley de Sometimiento para testaferros y lavadores de activos

Polémica por ‘mico’ en Ley de Sometimiento para testaferros y lavadores de activos

La senadora advierte que la propuesta podría favorecer la impunidad de testaferros y lavadores de activos vinculados al narcotráfico en Colombia.

La senadora Carolina Corcho cuestionó la aprobación de una rebaja de penas para testaferros y lavadores de activos vinculados al narcotráfico durante la discusión del proyecto de Ley de Sometimiento en las primeras comisiones conjuntas del Congreso.

Corcho afirmó que las penas por estos delitos, que actualmente podrían alcanzar entre 22 y 30 años de prisión, se reducirían a tres años con la modificación aprobada.

Calificó la medida como un acto de impunidad y cuestionó que la modificación permita que los condenados permanezcan solo tres años privados de la libertad a cambio de la entrega de bienes. El congresista advirtió que la iniciativa representaría un golpe para las víctimas del narcotráfico y le recordó al entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, que él también ha sido víctima de este fenómeno, por el asesinato de su padre.

El congresista criticó la decisión y sostuvo que la iniciativa favorece a las estructuras financieras del narcotráfico. “ Los abogados de la mafia, hechos gobierno, lograron extender su litigio hasta el Congreso” , escribió.

Corcho también cuestionó el propósito del proyecto y aseguró que, en lugar de establecer mecanismos de sometimiento a la justicia, la propuesta terminaría favoreciendo a estas organizaciones criminales.

El senador Alejandro Ocampo cuestionó el proyecto de Ley de Sometimiento recordó el pasado del presidente Abelardo de la Espriella quien era abogado de Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, ahora propone rebajar hasta en un 50% las penas para testaferros y lavadores de activos. 

¿Qué dice el proyecto?

La proposición sustitutiva del artículo 18 permitiría que condenados por lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito vinculados a actores armados ilegales accedan a la suspensión condicional de sus penas tras cumplir tres años de prisión, siempre que entreguen los bienes producto de actividades ilícitas y asuman compromisos de justicia restaurativa.

La propuesta establece, además, una pena mínima de diez años para quienes hayan ejercido roles de mando o tenido un papel determinante en el reclutamiento de menores.

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