La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo Cañavera, ha acumulado cuestionamientos desde su llegada al Gobierno de Abelardo de la Espriella. A las críticas por su orientación de retirar la palabra "niñas" del lenguaje institucional se suman sus declaraciones ante la Comisión Séptima del Senado, donde afirmó: donde sostuvo "Yo de entrada les voy a decir que no vengo a pedir plata, porque no la necesito" ante un anteproyecto que contemplaba $21.3 billones frente a los 11.9 billones asignados por el PGN 2027.

La afirmación fue calificada por sus críticos como "provocador y peligroso", y por las dudas sobre si conocía a fondo las necesidades presupuestales de la entidad con datos reales. Ahora, la directora enfrenta nuevos señalamientos relacionados con sus títulos profesionales y la certificación de su experiencia laboral.

Durante un debate de control político realizado este miércoles 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado, la senadora Jennifer Pedraza cuestionó a Restrepo por inconsistencias entre los títulos universitarios reportados en su hoja de vida y la información publicada en la plataforma oficial. Además, señaló que la respuesta del ICBF a los derechos de petición inducía a un error a los congresistas. Tras los cuestionamientos, la entidad actualizó la información y la directora aseguró que ya había cargado su hoja de vida completa. Justificó los faltantes debido a un olvido personal por sus "30 años estudiando".

Ahora, el congresista Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana denuncian presuntas inconsistencias en la certificación de la experiencia laboral de Restrepo Cañavera y anunciaron denuncias ante la Procuraduría y la Fiscalía para solicitar que se investiguen los hechos.

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Se relaciona con la experiencia reportada en Restrepo Cañavera SAS, firma de abogados de la que la funcionaria es fundadora y socia. En el directorio público de Función Pública aparece una vinculación laboral desde el 2 de febrero de 2002 hasta el 30 de julio de 2026 . Sin embargo, de acuerdo con los citados , la sociedad habría sido constituida en octubre de 2004 , la pregunta es cómo se certificó la experiencia correspondiente si la empresa no existía en 2002. “Se le están perdiendo dos años de experiencia, por lo tanto, miente y es falsedad en documento” señaló el concejal Triana.

La certificación laboral bajo cuestionamiento

Según la denuncia, la certificación fue firmada por Érika Jiménez, quien habría trabajado como auxiliar administrativa en la firma de abogados y, de acuerdo con las declaraciones de la directora, llevaría más de 11 años trabajando con ella. Sin embargo, para la fecha de expedición del documento, Jiménez estaría vinculada a otra empresa, una circunstancia que, abre interrogantes sobre la validez de la certificación laboral.

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Agregan que cuatro días después de expedir la certificación, Jiménez habría renunciado a su empleo en esa empresa y posteriormente recibió un contrato de prestación de servicios por tres meses, por un valor de 25 millones de pesos, con el ICBF. Según la denuncia, Restrepo figura como supervisor de ese contrato.

Además, apuntan a la coincidencia entre la certificación laboral, la posterior contratación de Jiménez y la relación previa entre ambas . También, que el contrato habría sido terminado después de que comenzó a solicitar información sobre estos hechos mediante derechos de petición.

"Y resulta que, como consecuencia de esto, el contrato se lo terminaron a Erika. ¿Usted sabe el pecado que tenía y por eso se curó en salud?", señaló Sánchez.

Anuncian acciones ante los organismos de control

Duvalier y Triana afirmaron que las presuntas inconsistencias podrían tener consecuencias disciplinarias y penales, y anunciaron que acudirán a la Procuraduría ya la Fiscalía para que se investigue la documentación aportada y se determine si hubo irregularidades en la acreditación de la experiencia laboral.

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“Como usted es abogada y presume ello, el artículo 5 de la Ley 190 de 1995 que establece: 'Cuando se advierte que se ocultó información y que se aportó documentación falsa para sustentar información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a la que haya lugar, el responsable quedará inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres años y debe salir del cargo que ostenta'. Ese es su futuro, director ”, indicó el congresista Duvalier Sánchez.

Y para finalizar cuestionaron que Restrepo continuara apareciendo como representante legal de Restrepo Cañavera SAS en un certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá, y pidieron explicaciones sobre su relación actual con la firma mientras ejerce como director del ICBF.

Ya que estamos en temporada de despidos, presidente @ABDELAESPRIELLA, le falta alguien. Venga, le doy las razones. La directora del ICBF le mintió a usted y al país. #SiempreConArgumentos https://t.co/2dXpp7YuPA

– Duvalier Congresista 🏛️ (@DuvalierSanchez) 23 de octubre de 2026