Un juez de la República emitió sentido de fallo condenatorio en calidad de coautores, en contra de Iván David Hernández Guzmán, exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., y Hernán Moreno Herrán, excoordinador de la Unidad de Cuidado Crítico de la misma institución en Ibagué.

Una fiscal seccional de la Unidad de Administración Pública presentó el suficiente material probatorio para demostrar que los procesados comprometieron vigencias futuras, sin el debido sustento presupuestal y legal.

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Esto los llevó a incurrir en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales durante la ejecución de tres contratos celebrados entre los años 2009 y 2011 con la empresa Hernández Troncoso y Cía. S. en C., para la adquisición de equipos destinados a la Unidad de Cuidado Crítico del mencionado centro médico.

La investigación determinó que el contrato matriz fue el 271 del año 2009, el cual tenía como objeto la dotación de equipos especiales para la Unidad de Cuidado Crítico en las áreas de intensivo e intermedio, con opción de compra al cabo de 60 meses y por un valor de $208.800.000.

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Sin embargo, entre los años 2010 y 2011, le fueron adicionados otros dos contratos por una cuantía superior a los $2.600 millones, los cuales debían ejecutarse en un plazo de 60 meses, con prórrogas sucesivas cada año. Ambos fueron suscritos con la misma persona jurídica y el mismo objeto, lo que evidenció que el primer contrato fue un distractor, respecto al término del primero, ya que lo que se estaba planificando realmente era una contratación a cinco años.

Según el ente acusador, el análisis de conveniencia fue elaborado por el coordinador, Moreno Herrán, quien posteriormente fue designado como supervisor del contrato.

"Se probó también que los contratos se adjudicaron de manera directa y no mediante licitación pública, como lo establece la ley cuando la cuantía supera los mil salarios mínimos legales mensuales vigentes", puntualizó la Fiscalía.

La lectura de la sentencia fue programada para el 7 de noviembre de este año 2025. El Código Penal Colombiano establece condenas de hasta 12 años de prisión por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.