La decisión del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella de no prorrogar el contrato de fiducia mercantil que desde hace 36 años administra Fiduprevisora para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) abrió un nuevo capítulo de controversia política entre la actual administración y el gobierno anterior.

El anuncio, realizado el pasado 30 de octubre durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag, establece que el contrato de fiducia No. 083 de 1990 no será prorrogado, una vez venza su plazo el 31 de octubre de 2026. La determinación marca el comienzo de una nueva etapa para el Fondo, cuya transición tendrá una duración inicial de un año, prorrogable por otro más.

Sin embargo, el exministro de Educación Daniel Rojas salió al paso del anuncio y aseguró que la decisión no es nueva ni corresponde exclusivamente a la iniciativa del Gobierno actual. Según afirmó, durante su gestión ya había impartido instrucciones para avanzar en la liquidación contractual y buscar una nueva entidad fiduciaria.

“Fue una instrucción mía, solo que el actual gobierno se demoró 91 días en materializar algo que se podía hacer en dos días”, manifestó Rojas en su cuenta de X.

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El exfuncionario explicó que el 31 de julio comunicó a Fiduprevisora que la extensión del contrato sería únicamente hasta el 31 de agosto, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio mientras se adelantaban los procedimientos para la liquidación y la selección de una nueva entidad fiduciaria.

También señaló que el 6 de agosto impartió instrucciones escritas a los supervisores del contrato para iniciar formalmente el proceso de liquidación y exigir a Fiduprevisora un plan detallado de actividades.

La pregunta que planteó el exministro es por qué, si esas instrucciones ya estaban impartidas y existían informes de supervisión, incumplimientos y hallazgos de los organismos de control, el contrato terminó extendiéndose hasta el 31 de octubre.

Rojas sostiene que la administración entrante recibió la información y las alertas correspondientes durante el proceso de empalme, por lo que considera necesario que se expliquen las razones de la demora. Incluso cuestionó que el Gobierno actual presente como una decisión propia una ruta que, según él, ya estaba definida por su administración.

No obstante, más allá de la controversia sobre quién tomó primero la decisión, el asunto de fondo es la situación del Fomag y las garantías que deben tener los maestros frente al cambio en su administración.

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El Gobierno defiende la decisión y da garantías a los docentes

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, explicó que la determinación de no prorrogar el contrato fue adoptada luego de revisar recomendaciones de los ministerios de Trabajo y Hacienda, los planteamientos de los representantes de Fecode, los informes de supervisión, los hallazgos de los organismos de control y las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y operativas del Fondo.

Según el Ministerio de Educación, la decisión busca corregir las fallas identificadas en la administración del sistema y abrir una nueva etapa orientada a fortalecer las condiciones institucionales y financieras del Fomag.

“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El Fomag no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia”, afirmó la ministra.

Uno de los mensajes centrales del Gobierno es que la no prórroga del contrato no significa desconocer los derechos adquiridos por los docentes ni interrumpir la prestación de los servicios de salud o el reconocimiento de sus prestaciones económicas.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, insistió en que los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas y que la transición debe poner a los afiliados en el centro de las decisiones.

Como parte de las medidas anunciadas, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita garantizar la operación durante la transición. También pidió a la Superintendencia Nacional de Salud especial seguimiento y vigilancia para asegurar la prestación de los servicios por parte de las instituciones prestadoras de salud (IPS).

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Los maestros, por encima de la controversia política

El cruce de declaraciones entre Daniel Rojas y el actual Gobierno deja sobre la mesa una discusión que requiere respuestas: qué decisiones se tomaron durante la administración anterior, qué actuaciones adelantó el Gobierno entrante desde el proceso de empalme y por qué la fecha de terminación del contrato pasó del 31 de agosto al 31 de octubre.

Pero, sobre todo, hay una preocupación que debe estar por encima de las diferencias políticas: que los maestros no terminen pagando las consecuencias de los problemas administrativos y contractuales del Fondo.