El presidente Abelardo de la Espriella firmó este martes el Decreto 1368 de 2026, mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

La suspensión venía desde 2015 desde el mandato de Juan Manuel Santos y se mantuvo durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro, quienes prorrogaron la medida mediante sucesivos decretos. La restricción hacía parte de una política orientada a limitar el porte de armas por parte de civiles y fortalecer las medidas de seguridad y convivencia ciudadana.

Además, esta medida obligaba a los ciudadanos con permisos de porte a contar, además, con una autorización especial de la autoridad militar para poder llevar consigo el arma.

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A partir de esta decisión, los ciudadanos que cuenten con permisos vigentes podrán portar las armas amparadas por estos sin requerir autorizaciones especiales adicionales, restableciendo el régimen ordinario de control.

El mandatario defendió la medida al señalar que durante años se restringió el porte legal a los ciudadanos que cumplen con la normativa, mientras los grupos criminales continuaron accediendo a armas de manera ilegal.

“Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, afirmó De la Espriella.

No significa porte indiscriminado

El Gobierno aclaró que el levantamiento de la suspensión no significa que cualquier ciudadano pueda portar un arma libremente.

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Se mantienen los requisitos establecidos en la legislación colombiana para obtener un permiso de porte, así como los controles de las autoridades militares. También continúan vigentes las facultades para suspender, cancelar o decomisar armas cuando se presenten las circunstancias previstas por la ley.

Entre las condiciones para acceder a un permiso se encuentran la edad mínima establecida, la ausencia de antecedentes, la acreditación de aptitud psicofísica y el cumplimiento de los requisitos de conocimiento y demás condiciones exigidas por las autoridades competentes.

El argumento del Gobierno

Para sustentar la decisión, el presidente presentó cifras de la Fuerza Pública. Según los datos divulgados por el mandatario, entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre fueron incautadas 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estarían relacionadas con la comisión de delitos.

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De acuerdo con esas cifras, 980 armas estarían vinculadas con disidencias, 551 con el Clan del Golfo y 339 con el ELN.

De la Espriella señaló además que, entre las armas asociadas a las disidencias, fueron encontradas 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.

“Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, sostuvo el presidente.

La decisión marca un cambio en la política de restricción general del porte de armas y plantea una nueva orientación del Gobierno frente al porte legal por parte de ciudadanos que cuentan con permisos vigentes, mientras mantiene la persecución de las armas en poder de organizaciones criminales.

Finalmente, el decreto ordena actualizar los sistemas de registro militar, con el propósito de garantizar la trazabilidad de los permisos y mantener los controles necesarios para la seguridad pública tras el levantamiento de la suspensión.