Al cumplirse un mes de su gestión al frente del Ministerio de Salud y Protección Social, la ministra Ana María Vesga presentó un informe sobre las condiciones administrativas y financieras encontradas en la entidad tras asumir el cargo el pasado 7 de agosto de 2026. La funcionaria expuso las cifras recibidas de la administración anterior y detalló las medidas adoptadas en materia contractual.

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Entre las observaciones señaladas se encuentra el informe de la Contraloría General de la República correspondiente a la vigencia 2025. El órgano de control emitió una opinión contable negativa, registró fallas en el control interno fiscal y no feneció la cuenta fiscal de la cartera de salud.

Respecto a la ejecución presupuestal, los datos del ministerio indican que para agosto de 2026 el rubro principal contaba con una apropiación de 4,4 billones de pesos. De dicho monto, 4,3 billones figuraban como comprometidos, pero solo 1,3 billones habían sido obligados y pagados, registrando una diferencia de 2,9 billones de pesos entre los recursos comprometidos y los efectivamente ejecutados.

Asimismo, la entidad inició el análisis de 28 resoluciones administrativas que contemplan 176 proyectos con un valor acumulado superior a los 490 mil millones de pesos. De este grupo, 108 proyectos por una suma de 365.604 millones de pesos carecían de registro presupuestal, de los cuales cerca del 83 % correspondía a obras de infraestructura física.

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En respuesta a este panorama, el 10 de agosto de 2026 se expidió una circular interna que ordenó la suspensión temporal de nuevos procesos de contratación, la firma de convenios, la suscripción de contratos de prestación de servicios y las modificaciones a contratos vigentes. Las exenciones a esta medida quedaron sujetas a justificación previa y autorización expresa del despacho ministerial.

En el marco de las revisiones internas se identificaron presuntos hechos de corrupción relacionados con las asignaciones presupuestales. El Ministerio de Salud manifestó que no ha autorizado ni solicitado cobros, comisiones o beneficios económicos a nombre de la institución en ningún trámite administrativo.

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Desde la cartera se radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, el 5 de septiembre, contra personas indeterminadas por posibles delitos contra la administración pública. Como parte del material probatorio, se entregó un registro de audio para la verificación de su autenticidad, mientras el ministerio cruza la información técnica y jurídica de los proyectos con los registros de presupuesto.

Con información suministrada por la oficina de prensa del Ministerio de Salud y de la Protección Social.