Cortolima abrió un proceso sancionatorio a través de la Resolución No. 5307 del 31 de agosto de 2026, contra la Alcaldía de Ibagué por la ampliación de la vía que comunica Ambalá con Calambeo, tras detectar tala de vegetación, afectaciones a fuentes hídricas y disposición inadecuada de materiales durante la intervención.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué, dependencia señalada como responsable de la planificación y ejecución física de la obra, habría adelantado la ampliación de la banca vial sin contar previamente con las autorizaciones o permisos ambientales requeridos, según el informe técnico de Cortolima.

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La obra tiene una longitud de 2,92 kilómetros y contempló la ampliación de la vía hasta seis metros de ancho y la posterior construcción de pavimento rígido en concreto, conectando el sector de Calambeo con la vereda Ambalá.

El pasado 21 de agosto, la Alcaldía informó que la construcción avanzaba en un 80 %. Sin embargo, la Veeduría por el Agua de Ibagué (VAPI) había advertido sobre los impactos de la intervención, señalando afectaciones a cuerpos de agua y vegetación de bosque natural de protección, además de riesgos asociados a la remoción en masa y posibles deslizamientos.

Los señalamientos de la veeduría antecedieron los hallazgos de Cortolima, que ahora adelanta el proceso administrativo para determinar las responsabilidades por las presuntas infracciones ambientales.

Durante la intervención, la autoridad ambiental encontró remoción y tala de vegetación forestal sin autorización, daños a individuos arbóreos por el uso de maquinaria pesada y excavaciones, además de disposición inadecuada de escombros y materiales sobre los taludes. La pendiente del terreno provocó el desplazamiento de parte de estos materiales por la ladera.

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Cortolima también documentó la pérdida de estabilidad y el volcamiento de dos árboles en una zona de influencia del drenaje hídrico, así como afectaciones a otros individuos arbóreos a lo largo del tramo intervenido.

Con base en estos hallazgos y en la Ley 1333 de 2009, Cortolima abrió el proceso para determinar las responsabilidades por las presuntas infracciones ambientales y establecer las sanciones a que haya lugar.