En medio de una auditoría la Contraloría Municipal de Ibagué halló un presunto detrimento patrimonial de $958.858.683 en las obras del Acueducto Complementario que buscan llevar agua de la bocatoma Cocora hasta la planta de La Pola y luego regresarla hasta el tanque de Miramar. 

El ente de control estableció tres hallazgos disciplinarios, dos fiscales y uno penal, entre la planeación, ejecución y supervisión del contrato por $25.000 millones que en el 2022 celebró la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) para terminar las obras del Acueducto Complementario. 

Dicho contrato le fue adjudicado al Consorcio Cocora IBALTOL, cuyo representante legal es el ingeniero Luis Egimio Barón Vargas. Lo acompañan Miller Suárez Guzmán, la empresa Búnker Construcciones SAS e INCI SAS Ingenieros Civiles. 

La auditoría mostró graves irregularidades en el proyecto, entre ellos un millonario detrimento patrimonial, la ejecución de obras sin permisos ni licencias ambientales y la falta de vigilancia por parte de la interventoría. 

Detrimento patrimonial

Entre sus hallazgos la Contraloría determinó dos fiscales. Uno de ellos por $404.497.528 y el otro por $554.361.155. Lo que acumula un detrimento patrimonial de $958 millones. 

El primer hallazgo fiscal muestra que el contratista cambió sin justificación técnica el tipo de tubería que utilizaría para conducir el agua. En principio el contrato que aceptó el contratista establecía la compra tubería por un valor de $2.975.000. Sin embargo, el contratista cambió la tubería por una que costó $4.144.068.

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"El equipo auditor evidenció que mediante acta parcial de obra No. 6 se reconoció y pagó 346 metros de esta tubería a través del NP-26 por un valor de $1.433.847.528. Por lo anterior al hacer el cálculo respecto al ítem contratado inicialmente se presenta una diferencia de $404.497.528, la cual se determina como posible detrimento fiscal", indicó la Contraloría.

El otro hallazgo fiscal tiene que ver con los materiales obtenidos en el anterior contrato del 2017, que el actual contratista prefirió desechar. 

El equipo auditor señaló que el contratista del 2022 instaló 551 metros lineales de tubería, aunque en el contrato del 2017 se habían obtenido 936 metros lineales. Ahora el excedente de materiales no aparece. 

"Lo anterior genera una diferencia de 385 metros lineales los cuales no se encuentra dentro de la documentación allegada donde serán instalados, lo cual va en contravía de los principios de economía y eficacia, generando un detrimento por $554.361.155 proveniente de los 385 metros de tubería sin utilizar con 65 acoples para su respectiva instalación", reza el documento. 

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Regalito para el contratista

El proceso de auditoría también reveló que el IBAL le otorgó al contratista un anticipo del 25 % del valor total del contrato, pese a que, la consultoría de los estudios y diseños no lo contemplaba. 

Es decir, el IBAL le agregó al contrato una cláusula para entregarle al contratista un anticipo aproximado de $6.250 millones, aunque no estaba obligado a hacerlo.

"Se evidencia que ni en el análisis del riesgo ni en el acápite de garantías del estudio previo se estableció la cobertura del riesgo derivado del anticipo y su correcta ejecución, sin que se observen modificaciones, ni adendas que cambiaran o modificaran lo antes mencionado", indicó la Contraloría. 

Proyecto sin planeación

Otro de los hallazgos disciplinarios mostró la falta de planeación por parte del contratista, que ni siquiera contaba con un cronograma de ejecución de las obras. 

El proyecto en principio tenía un plazo de ejecución de ocho meses, que claramente fue incumplido. Después le otorgaron al contratista una prórroga de 49 días y luego otra de 78 días. 

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"No se evidencia ajuste a la programación de obra para las prórrogas, lo anterior impide que se conozca la forma y/o procedimiento de como el contratista, la interventoría y la entidad determinaron los tiempos adicionales para la ejecución de las obras, tampoco se conoce la programación y el tiempo en que se realizarán las obras que están pendientes por ejecutar", señaló el ente de control. 

En ese sentido, la Contraloría cuestionó la pasividad de la interventoría y del supervisor del contrato, a quienes tildó de "ineficientes" por no exigirle al contratista el cumplimiento oportuno de sus obligaciones. 

"Se evidencia una gestión ineficaz del supervisor y del contratista que puede concluir en posibles afectaciones en el cumplimiento de las metas y del objeto contractual", enfatizó el informe de auditoría.

Finalmente, la Contraloría reveló que el contratista empezó la ejecución del proyecto sin contar con permisos ni licencias ambientales.