El concejal Andrés Zambrano denunció que la Alcaldía de Ibagué estaría utilizando la contratación por prestación de servicios (OPS) como una presunta estrategia de constreñimiento político para que los y las contratistas voten a favor de candidatos que, según él, serían apoyados por la administración de Johana Aranda. 

La denuncia fue realizada a través de sus redes sociales, donde aseguró que, la "maquinaría está aceitada", pues, antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, la Alcaldía habría suscrito 2.250 contratos de prestación de servicios en lo corrido de 2026, por un valor cercano a 53.000 millones de pesos.

Al sumar contratos de arrendamiento, comodato y otras modalidades de contratación directa —algunos con un solo oferente—, la cifra ascendería a 62.500 millones de pesos.

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Según Zambrano, lo más preocupante es que el 97 % de los contratistas tendría contratos con una duración de apenas cuatro meses, lo que, a su juicio, genera sospechas sobre la temporalidad y finalidad de estos vínculos. Bajo esta modalidad, indicó, se estaría ejerciendo presión indebida sobre los contratistas.

El cabildante calificó esta estrategia como un presunto constreñimiento electoral, señalando que la corta duración de los contratos facilitaría presiones para asistir a reuniones políticas, movilizar votantes y cumplir cuotas de votos de cara a las elecciones del 8 de marzo.

“No es más sino para tener la posibilidad de presionar, de condicionar y prácticamente de obligar a que esas personas asistan a reuniones políticas, a que movilicen gente para el 8 de marzo”, afirmó.

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Asimismo, sostuvo que los contratistas, en lugar de cumplir con los objetos contractuales para los que fueron vinculados, estarían terminando por llenar planillas con “cuotas mínimas” de votos, en vez de desarrollar labores orientadas a responder a las necesidades de la ciudad. Según Zambrano, se les estaría utilizando para hacer política electoral y atender “intereses privados” a costa de los recursos públicos.

“Aquí no estamos hablando de cómo un grupo político se organiza para las elecciones del 8 de marzo. Aquí estamos hablando de cómo instrumentalizan el erario público (sic) para precarizar, condicionar y obligar, porque una cosa es invitar a votar, pero otra muy distinta es jugar con la comida de la gente”, concluyó.