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Gabinete por la Vida alerta por retiro de esquemas de seguridad a la oposición
El Gabinete por la Vida expresó preocupación por el retiro de esquemas de protección a dirigentes del Pacto Histórico y por la situación de seguridad del expresidente Gustavo Petro.
La protección de dirigentes políticos y figuras de la oposición volvió al centro de la discusión nacional. Esta vez, el Gabinete por la Vida hizo pública su preocupación por el retiro de esquemas de seguridad a integrantes y militantes del Pacto Histórico, algunos de ellos, según el colectivo, cobijados por medidas cautelares internacionales.
En un comunicado fechado el 21 de noviembre en Bogotá, el grupo cuestionó especialmente la situación del expresidente Gustavo Petro y su familia. Aseguró que varios exfuncionarios con amenazas que considera comprobadas también se han quedado sin protección. Además, señaló que sus propios integrantes han solicitado medidas ante la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero que hasta la fecha no han recibido una respuesta efectiva.
La controversia tomó mayor fuerza luego de que Petro se pronunciara en su cuenta de X sobre el presunto retiro de vehículos blindados que tenía asignados para su seguridad y la de su familia. “La protección de la familia presidencial se hace quitándome los carros blindados a mí, y a mi familia. Varios se fueron a la escolta del presidente, y otros, se quedaron con los generales de la policía. Al gobierno no le importa un atentado contra mí”, escribió.
Sin embargo, frente a esta denuncia, la Unidad Nacional de Protección aseguró que, hasta ese momento, no se habían realizado cambios en el esquema de seguridad del exmandatario. La discusión también tiene antecedentes: en septiembre, se informó sobre el retiro de medidas de protección a varios integrantes del Gabinete por la Vida y a otras figuras cercanas al petrismo.
La discusión sobre la protección de los expresidentes
En su pronunciamiento, el Gabinete por la Vida invocó las disposiciones del Decreto 1069 de 2018, modificado en materia de asignación de recursos para los esquemas de seguridad durante junio de 2026. La norma establece que los expresidentes y sus cónyuges sobrevivientes cuentan con protección de carácter vitalicio, mientras que sus hijos pueden acceder a medidas cuando así lo determine la evaluación de riesgo. Estos estudios pueden realizarse anualmente o antes, si aparecen nuevas circunstancias que ameriten revisar la protección.
El colectivo también cuestionó que la seguridad de Petro y de otros dirigentes pueda verse debilitada en medio de un escenario político que, a su juicio, no debe conducir nuevamente a la violencia contra la oposición. Por ello, responsabilizó al presidente Abelardo De la Espriella y a su Gobierno de cualquier atentado o ataque que puedan sufrir integrantes de la dirigencia o militancia del Pacto Histórico y de otras organizaciones opositoras.
Como argumento para advertir sobre los riesgos de la violencia política, el comunicado recordó el exterminio de la Unión Patriótica, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado colombiano por violaciones contra más de 6.000 integrantes y militantes de esa colectividad. Entre las víctimas estuvo Manuel Cepeda Vargas, padre del dirigente político Iván Cepeda.
El Gabinete rechazó lo que considera una política de “sangre y fuego” y manifestó que la ciudadanía no quiere regresar a épocas marcadas por el militarismo, la represión y los ataques contra quienes piensan diferente. También pidió a la comunidad internacional mantenerse vigilante y pronunciarse frente a lo que calificó como una amenaza a los derechos políticos del progresismo colombiano.
Finalmente, el colectivo expresó su respaldo al expresidente Petro e invitó a los ciudadanos a conformar un “cerco humano” a su alrededor para contribuir a garantizar su vida e integridad. La solicitud también apunta a que las autoridades revisen las condiciones de seguridad de los dirigentes y exfuncionarios que aseguran estar en riesgo.
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