La Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) emitió un fuerte comunicado a la opinión pública en el que advierte un presunto direccionamiento para favorecer a directivos de la Universidad del Tolima, en el concurso de méritos para nombrar profesores de planta.

De acuerdo con ASPU, el concurso de este 2024 se ha visto permeado por varias irregularidades, como el ocultamiento de los nombres de los concursantes. La asociación sindical tuvo que interponer una acción de tutela para que las directivas de la UT publicaran el listado de quienes participan en el concurso, y un juez de la República accedió a su pretensión.

“El trasfondo de la situación era la necesidad de ocultar que en el concurso participan alrededor de 300 personas con vínculo laboral actual con la Universidad del Tolima, varias de ellas pertenecientes al círculo de alto nivel directivo de la institución”, reza el comunicado.

Se refiere ASPU a funcionarios del círculo cercano del rector Omar Mejía Patiño. Como la actual directora de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, Marcela Barragán. Según la denuncia, uno de los dos concursos en los que ella participa fue diseñado para favorecerla.

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Por ejemplo, solo en este concurso no se habría solicitado experiencia en investigación, pero sí un título de posgrado muy específico, con el que ella sí cuenta. “Estas particularidades en el perfil le han permitido que ella ocupe el primer lugar en el concurso de la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, por encima de otros profesionales con formación doctoral”, asegura ASPU. 

La asociación también cuestiona la participación en el concurso de Andrés Tafur, quien es el actual director del Centro de Estudios Regionales (CERE). Para los profesores, Tafur se encuentra inmerso en un “evidente conflicto de intereses” por ser el representante suplente de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior.

“Si la Ley 30 de 1992 estipula en el artículo 70 que los concursos de méritos para nombrar profesores universitarios deben ser reglamentado por el Consejo Superior, es evidente que, al permanecer en la representación, el director del CERE se encuentra frente a un evidente conflicto de interés”, explican.

Los últimos años ASPU ha denunciado reiteradamente lo que consideran graves irregularidades en los concursos docente. Como el que en su momento llevó al nombramiento de la actual directora de la Oficina Jurídica y de Contratación, Adriana del Pilar León.

En la actualidad, sería la encargada de responder a los reclamos de los aspirantes rechazados en el concurso docente, a la vez que hizo parte del Comité Curricular del programa de Derecho, para la construcción de algunos perfiles del concurso de méritos 2024.

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“Todo este panorama permite evidenciar un posible conflicto de interés sobre la participación de la actual jefe de la Oficina Jurídica y Contractual en las respuestas de segunda instancia a las reclamaciones hechas por los participantes excluidos del concurso de méritos 2024”, enfatizan.

Los denunciantes consideran que el concurso ha vulnerado principios de la Función Pública como la transparencia, la publicidad, el debido proceso, entre otros.

“Los concursos se usan actualmente para beneficiar la consolidación de equipos de trabajo internos de apoyo a la administración, sin importar si ello redunda, o no, en el fortalecimiento del talento humano que conforma el estamento profesoral de la Universidad del Tolima”, concluyen.