El Instituto de Financiamiento y Promoción de Ibagué (Infibagué) lanzó una licitación por $45.000 millones para modernizar el alumbrado público de la ciudad. No obstante, la firma Aranzalez y Compañía pidió revocar el proceso, por presuntas irregularidades detectadas en el proceso y en el pliego.

En un extenso documento la firma le pide directamente a la gerente Paola Arbeláez, que revoque licitación y corrija las anomalías detectadas, por incurrir en el presunto delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

"Se opone a los principios que legalmente regulan la contratación estatal y se opone a las normas en las que debía fundarse, generando además agravios injustificados a los posibles participantes y al mismo sector, por lo que, de permanecer en el mundo jurídico, daría como resultado la continuidad a un proceso sesgado y limitante", reza el documento.

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Uno de los puntos más cuestionados, consiste en la consultoría de $1.500 millones que pagó Infibagué para planear la modernización del alumbrado público. Según la firma de abogados, la millonaria consultoría no fue tenida en cuenta al momento de planear el proyecto y el pliego licitatorio.

"Infibagué desconoce la aplicación y uso del catastro de la red alumbrado público en la ciudad de Ibagué para contratar la modernización de la red de alumbrado público de la zona urbana de la ciudad de Ibagué, generando entonces un detrimento patrimonial por más de 1.500 millones de pesos al haber contratado una consultoría que no se aplica", indica Aranzalez y Compañía.

Además, el proceso incumpliría la indicación de establecer criterios habilitantes y ponderables diferenciales para emprendimientos de mujeres y microempresarios. Asimismo, señalan que el proceso incumple la obligación legal de fomentar la contratación de personas en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración y sujetos de especial protección constitucional.

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Aranzalez y Compañía sostiene que se debió otorgar puntos en la calificación a los oferentes que cumplieran estos requisitos. "Debía entonces Infibagué regular en el pliego de condiciones el fomento respectivo para contratar personas de especial protección constitucional en los porcentajes establecidos, lo cual, como se ha manifestado en aspectos anteriores, no sucedió", enfatiza.

Por tanto, la firma en cabeza del abogado Luis Felipe Aranzalez pide revocar la licitación de Infibagué. Lo mismo intentó con el proceso del 48° Festival Folclórico Colombiano, sin embargo, su intención no prosperó y el mismo ya fue adjudicado.