La nueva propuesta del Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea eliminar la obligatoriedad del concurso público de méritos para seleccionar a gerentes y directores regionales de establecimientos públicos nacionales. El borrador de decreto del Departamento Administrativo de la Función Pública propone cambiar el mecanismo de selección y dejar en manos de los representantes legales de cada entidad la conformación de las ternas.

La medida tendría impacto en entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

El Gobierno argumenta que los concursos generan costos, demoras, cargas administrativas y reclamaciones judiciales. Además, sostiene que estos cargos son de libre nombramiento y remoción y requieren capacidades directivas y relaciones de confianza.

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La propuesta mantendría la conformación de ternas para que los gobernadores elijan a los directores regionales. Sin embargo, los representantes legales de las entidades nacionales podrían conformar esas listas sin la obligación de realizar un concurso público y abierto. Según la justificación del borrador, ni la Constitución ni las normas citadas exigirían expresamente ese procedimiento para integrar las ternas.

Además, los concursos que ya están en curso podrían terminarse si los representantes legales justifican limitaciones administrativas, presupuestales o financieras para continuarlos.

¿El fin de las roscas?

El concurso de méritos permite evaluar la formación, la experiencia y las capacidades de los aspirantes mediante pruebas, entrevistas y valoración de antecedentes. Su eliminación como requisito obligatorio ampliaría la discrecionalidad de los directivos nacionales en la selección de los candidatos.

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Aunque el borrador mantendría los requisitos de formación y experiencia, el cambio abre interrogantes sobre las garantías de transparencia e igualdad de oportunidades. Sin un procedimiento público y uniforme, la selección podría dar mayor peso a las relaciones de confianza o a las afinidades políticas, en detrimento de la evaluación abierta del mérito.

La discusión de fondo es si la flexibilización de los nombramientos busca agilizar la gestión pública o si, por el contrario, abre la puerta a la repartición política de cargos regionales.

Además, la propuesta contrasta con uno de los principios que el propio Gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado como regla de su administración. El mandatario ha reiterado que bajo su gobierno "se acabaron las roscas" y que "el mérito será la única recomendación en la Patria Milagro".

Nota: El proyecto de decreto estará abierto a comentarios hasta el 6 de noviembre de 2026.