Lucero Castaño tenía 17 años de edad, eran las 9 de la noche, se encontraba en la sala de la casa con su bebé recién nacido y su mamá, recuerda que veían Sábados Felices, y afuera aún se escuchaba la música en las cantinas y en los billares y en las tiendas, y los murmullos  de uno que otro borracho.

De repente, el estruendo de los disparos ahogó el sonido de la música, y los gritos retumbaban de todas partes. Todo era caos. Mientras tanto, Lucero y su niño y su mamá buscaban refugio en una de las habitaciones que quedaba en el fondo de la casa. Los disparos no cesaban, los gritos iban en aumento.

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Nadie salió de las casas. Esperaron el amanecer y allí los habitantes del casco urbano del corregimiento de Frías presenciaron un dantesco hecho de terror, que ni siquiera en la época de la llamada violencia de los años 60s y 70s habían visto. Ahí, Lucero Castaño se enteró que su salón de clase del colegio oficial donde cursaba el grado 11 había sido alcanzado por esa horrenda orgía de sangre.

Entre los asesinados se hallaba el papá de una compañera, el hermano de un compañero y el tío de una compañera. Hacían parte de los 11 campesinos, humildes y trabajadores asesinados de manera aleve y cobarde por paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, frente Omar Isaza. El hecho ocurrió el 15 de septiembre de 2001.

 Responsabilidad

Transcurrieron 13 años, para que el Consejo de Estado, el 3 de diciembre de 2014, catalogara esta masacre como delito de lesa humanidad.  Para los magistrados de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ese ataque fue “sistemático”, “premeditado” y tuvo como propósito asesinar a un grupo de campesinos que fueron señalados de ser auxiliadores de la guerrilla.

Para la Sala, quedó probado que al momento de los hechos, no había presencia de la Fuerza Pública en el lugar, e incluso, se recogieron testimonios que indicaban que la estación de Policía había sido desmontada.

Dentro del proceso también se estableció un vínculo de cooperación y coordinación entre el frente paramilitar Omar Isaza y entidades del gobierno municipal, algunas de ellas, encargadas de la seguridad pública. Es decir, para la Sala existió una “connivencia delictual” entre las autoridades y los miembros del grupo armado ilegal que ejecutó los homicidios.

El pasado sábado 5 de octubre en el mismo lugar, en la misma pequeña plaza donde hace 18 años los violentos acabaron con la paz de un poblado de gente humilde, sencilla y trabajadora, se tendió un tapete rojo para el acto donde los mandos del Ejército y la Policía en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado ofrecieran disculpas por la omisión del Estado en ese trágico hecho. 

Y allí al lado de los familiares y del pueblo de Frías, estaba Lucero Castaño, ya no como la madre adolescente de hace 18 años cuando presenció y vivió el dolor de esa fatídica noche y los años duros que vinieron después, ahora con 35 años de edad, como una guerrera de la paz, estaba ahí como candidata a la alcaldía de Falan. Quiere ser la alcaldesa de Falan, ya lo intentó hace cuatro años y estuvo a un paso  de lograrlo.  “Necesitamos sembrar solo paz”, dice esta mujer a quien los 3.000 habitantes de Frías siempre han visto como una lideresa trabajando por la paz. “Falan y Frías es territorio de paz y así lo vamos a conservar”, afirma Lucero Castaño.

Lo cierto, es que en Frías lo que permanece en el ambiente es un agrio sabor de que más que disculpas, sus habitantes merecen es que se les pida perdón y nunca jamás haya repetición.