Por Héctor-León Hernández Flórez 
      
*Coordinador-Centro Altamizal para los Estudios de Paz, Innovación Jurídica y Educación Popular

Como es costumbre, en estos tiempos del “boom de la memoria”, se realizarán distintas conmemoraciones en todo el país, algunas de estas como meros eventos y otras en el marco de procesos más profundos y de largo aliento.

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Otra forma de aportar a la memoria, la verdad, el conflicto y sus víctimas, en esta histórica fecha, es recordando la deuda del Estado colombiano en materias pendientes en política pública como los derechos de las víctimas, el deber de memoria, reparaciones y otros derechos colectivos, temas que no deberían ser apartados del bloque de reformas sociales ni de la anunciada Consulta Popular, si se quiere realmente la transición política y la paz en el país.

En este sentido, se hace necesario que las reformas a los derechos de las víctimas se incluyan en la agenda de manera principal o transversal en la Consulta Popular y sean movilizadas por la sociedad civil, desde el movimiento de víctimas, los movimientos, organizaciones y artistas por la memoria y la verdad, personas y sujetos colectivos y culturales de derechos a la reparación, para que sumado a las reformas sociales a la salud, educación, pensión y justicia, contribuyan a una reparación integral como conditio sine cua non para la paz total.

Cuestiones como la cultura de paz, la memoria y las reparaciones a las víctimas, los derechos colectivos y culturales, la pedagogía y el arraigo en los derechos humanos y derecho internacional humanitario, los derechos campesinos, indígenas y afrodescendientes y la reforma agraria, derechos de la naturaleza y animales, el reconocimiento del racismo estructural, las violencias basadas en género (VGB), derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades y afines deben aplicarse de manera efectiva con las normas existentes, o en otros casos articularse, o armonizarse con las distintas políticas públicas planteadas en las reformas.

Por otra parte, preocupa que en el país siga pendiente el uso y pedagogía de material de memoria registrada en cientos de informes de memoria histórica oficiales y de la sociedad civil ignorados por cátedras de paz, historia y ética en colegios y universidades. El Estado abandona estos espacios valiosos en los que podrían contribuir a la verdad histórica y la sensibilidad en la comprensión del país, donde hay facciones de profesores interesados en su implementación y el enriquecimiento del diálogo en las aulas especialmente en tiempos de alta polarización,  impotencia por el mal uso de celulares y redes sociales así como las violencias cotidianas en los distintos territorios.

El mantra completo de la justicia transicional de De Greiff: Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, vetting y reformas institucionales

Causa curiosidad el silencio de vastos sectores de la sociedad pero más sospechoso el silencio académico que calla el hecho de que más allá del mantra de los principios “Joinet”[i], es decir, los derechos de las víctimas a la “verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”, algunos analistas como el profesor Pablo De Greiff exdirector del (ICTJ o Centro Internacional para la Justicia Transicional) un importante think tank en la materia y acompañante del proceso de paz colombiano, encontraron por allá finalizando la década de los 90’s que para lograr esfuerzos en la construcción de verdad, y reparación, la reconstrucción del Estado y la democracia, se requerían medidas como el vetting[ii] o veto de acceso a cargos públicos a personas condenadas por crímenes cometidos en el conflicto y por último, las reformas institucionales, esas mismas que promueve el actual gobierno, en este caso, las reformas sociales que padecen de un bloqueo y sabotaje por parte del Congreso.

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Este gobierno entendió muy bien que sin reformas profundas no solo en derechos sociales sino en los nuevos derechos a la memoria, verdad y reparaciones, y la reforma agraria no es posible la transformación del país en su integralidad.

Alentamos la promulgación normativa de la Ley 2294 de 2023, el Decreto 1079 de 2024 para el Servicio Social para la Paz, Ley 2421 de 2024 que reforma a la ley de víctimas, pero más allá de su vigencia y gran aporte a una paz más grande, nos preocupan los bloqueos y dilaciones en su aplicación efectiva, articulación normativa, sistémica y compromiso interinstitucional.

Sin embargo, ante la falta de arquitectura institucional para la transición, vemos con impotencia la falta de expedición de decretos y resoluciones que contribuyan a la aplicación de normas sustantivas, en algunos casos, sin estrenar, idea que debería convertirse en un reto para las distintas oficinas jurídicas de las entidades estatales a cargo, de la mano de los cientos de departamentos y divisiones relacionadas con “paz y víctimas” en dichas entidades como justificación de su existencia.