* Por Kevin Herney Castañeda Vargas

Aunque la supuesta encuesta carece de veracidad, en la medida que no hay claridad sobre la participación de la ONG alemana “Transparencia Internacional” y, por el contrario, se considera una tramulla del “eje del mal regional”, en donde se acusa al otrora país más feliz del mundo de ser el país más corrupto del planeta, utilizando portales hechizos y bodegas al servicio de la “izquierda intergaláctica” para viralizar tan “infame calumnia”, lo cierto es que la corrupción en Colombia es un problema histórico, latente y bastante potente. 

Para el año 2019 Colombia ocupó el puesto 96 entre 180 países en una encuesta de percepción de la corrupción realizada por la ONG “Transparencia Internacional”, además, la última encuesta del Invamer reveló que el 84% de los colombianos sienten que no se hace o está haciendo un carajo para enfrentar el problema.

Las declaraciones oficiales sustentan el tufillo fatalista que tenemos los colombianos en este aspecto. Por ejemplo, un informe de la Contraloría que data del año 2016, reveló que en Colombia anualmente se pierden 50 billones de pesos en corrupción. Cuatro años después, pese a conocer esta escandalosa cifra, además de caerse una consulta anticorrupción en la que 11.671.420 colombianos participaron, por no cumplir con un umbral pigmentado de controversias y denuncias, el pasado mes de noviembre, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, advirtió que 90 billones de pesos estaban en riesgo de perderse por corrupción.  

Esos 90 billones de pesos corresponden a un poco más del 33% del presupuesto general de la nación aprobado para el año 2020 (271,7 billones de pesos), es decir, para el año en curso, con la voracidad, la viveza y la competitividad que nos caracteriza, podremos superar con creces esos 50 billones de pesos que se pierden por año.  

Este escenario produce, entre muchos otros, tres impactos clave: En primer lugar, Colombia constitucionalmente es un “Estado Social de Derecho”, figura que ofrece unas mínimas garantías y derechos como salud, educación, servicios públicos, vivienda, entre otros. Los atracos al erario impiden financiar estas garantías que el Estado se comprometió constitucionalmente a ofrecer. ¿Cuántas escuelas, puestos de salud, financiación de emprendimientos, vías pavimentadas, viviendas de interés social, etc., se podrían concretar con esos 90 billones de pesos? Cabe mencionar que la corrupción cae como a niño al dedo a quienes profesan el credo miniarquista, hablo de esas lumbreras neoliberales “que dizque son avanzadísimas”, caracterizadas por privatizar lo público, subsidiar la demanda en lugar de la oferta y flexibilizar derechos laborales. Cuando aparece el hueco fiscal (por corrupción) activan la vieja confiable; Privatizar.   

En segundo lugar,  los altos niveles de corrupción producen deslegitimidad institucional, la gente no cree en las instituciones, ni participa de los escenarios democráticos. Cuando se pierde la fe en el país, participar de la gran diáspora colombiana y migras se convierte en meta de cabecera. Por último, naturalizamos tanto la corrupción que pese a que la rechazamos, la reproducimos en cada una de nuestras vidas, desde la persona que se cola en la fila, hasta el vendedor que le cobra “medio milloncito más a ver si de pronto cae”. La corrupción es también un asunto cultural.  

Por último, con las cartas sobre la mesa y el problema visibilizado existen dos opciones, opciones que van más allá de la concepción santanderista de querer resolverlo todo con leyes y que por supuesto deben ser complementadas con un ejercicio de autocontrol ciudadano para no reproducir en la cotidianidad la corrupción de los grandes. O conservamos una actitud pasiva ante el problema y rogamos al corrupto para que nos lo saque tantico, o castigamos en las urnas y ejercemos veedurías ciudadanas activas y permanentes para decirles a quienes quieren vivir a costillas de los contribuyentes “Que los mantenga su reverenda madre patria”. Usted elige. 

• Politólogo Universidad del Tolima