Finalizando 2019, Colombia empezó a vivir lo que probablemente ha sido la muestra de descontento ciudadano más significativa de su historia reciente; como resultado de una nueva generación que reclama el derecho a vivir en un país en paz con justicia social. Esto implica la realización de cambios profundos en un modelo que excluye a las mayorías del acceso pleno a derechos como salud, educación, trabajo y pensión.

La respuesta del Gobierno fue hacer caso omiso a las peticiones de las protestas, aprobando una Reforma Tributaria con beneficios por más de $9 billones para las grandes empresas; intentando restarle impacto con propuestas como los tres días sin IVA.

Los resultados que obtenga la ciudadanía inconforme dependen en gran medida de que la expresión en las calles sea constante, así nos lo muestran experiencias como las de Chile, Francia o Ecuador. La movilización debe continuar, pues las causas que la motivaron siguen intactas.

Sólo en enero van 27 líderes sociales asesinados y 4 excombatientes que firmaron la paz. También, recientemente se reveló el regreso de las ‘chuzadas’ a opositores, magistrados y periodistas; esta vez por parte del Ejército.

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De otro lado, a pesar de negarlo previamente, esta semana Duque admitió que presentaría una Reforma Pensional, la cual –según Portafolio- contemplaría para los aportantes pasar a una cotización mensual del 20%, además de  terminar con el régimen de prima media. Por otra parte, el MinHacienda dijo que “estudiará” la propuesta de la ANIF de acabar con el aporte a las cajas de compensación, en una futura Reforma Laboral.

En diciembre, el Comité del Paro presentó un pliego de peticiones sobre 13 temas generales, de los cuales se desprenden 104 puntos. Muchos de éstos se podrían lograr con reformas a la Ley 100 (Salud y pensiones), Ley 30 (Educación superior), y Ley 50 (Código de Trabajo) y sus normas coligadas.

Dichas propuestas podrían validarse o negarse mediante el voto popular en un Referendo Nacional, para que lo allí definido se deba aplicar por el Congreso y el Gobierno obligatoriamente, tal y como lo han propuesto líderes como David Racero, Representante por Bogotá de la coalición Decentes. 

La esperanza de un futuro digno está en nuestras manos, entendiendo que el nuevo rumbo para Colombia estará en juego en 2022, si somos capaces de unirnos para elegir una alternativa real en las elecciones presidenciales y de Congreso.