Por Felipe Ferro

*Diputado a la Asamblea del Tolima. Centro Democrático

El próximo lunes 15 de septiembre será recordado como el día en que las consecuencias de la irresponsabilidad diplomática de Gustavo Petro llegaron a su punto más crítico. La Casa Blanca decidirá si certifica o no a Colombia como aliado contra el narcotráfico, y las señales no pueden ser más desalentadoras.

Lo que debería ser un trámite administrativo rutinario se ha convertido en una crisis de proporciones históricas por culpa de un presidente que ha privilegiado su agenda ideológica por encima de los intereses nacionales.

Mientras Petro se dedica a enviar cartas destempladas a Trump y a hacer berrinches diplomáticos desde Casa de Nariño, los alcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Eder han tenido que salir a hacer lo que él debería estar haciendo: representar dignamente a Colombia ante Estados Unidos. La reacción furibunda del presidente ante esta iniciativa de los mandatarios locales no solo evidencia su mezquindad política, sino su profundo desprecio por cualquier esfuerzo que no provenga de su círculo áulico.

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¿Cómo hemos llegado a este punto? La respuesta es simple: tres años de un gobierno que ha convertido la diplomacia en un ejercicio de soberbia ideológica. Desde su ruptura de relaciones con Israel hasta sus coqueteos con dictaduras como la de Maduro, Petro ha demostrado una capacidad excepcional para enemistarse con nuestros aliados estratégicos. Ahora, cuando Colombia enfrenta la posible pérdida de 450 millones de dólares anuales en cooperación para seguridad, el presidente actúa como si fuera una víctima del imperialismo yanqui.

La realidad es cruda: estamos ante la posibilidad de perder entre 270 y 315 millones de dólares en el peor escenario, comprometiendo gravemente nuestra capacidad institucional. Esto no es retórica política; es la diferencia entre tener helicópteros en el aire combatiendo el narcotráfico o mantenerlos en tierra por falta de recursos. Es la diferencia entre contar con inteligencia compartida para desmantelar carteles o enfrentarlos solos con las manos atadas.

Mientras Petro se dedica a criticar el "despliegue militar gringo" y a defender a narcotraficantes venezolanos que transportaban droga desde territorio chavista, los cultivos de coca han alcanzado máximos históricos: más de 252 mil hectáreas sembradas. Su experimento de abandono de la erradicación forzada ha sido un rotundo fracaso, y ahora, cuando se ve obligado a rectificar, lo hace a regañadientes y tarde.

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La paradoja es que fueron precisamente Fico y Eder quienes tuvieron la visión y el patriotismo de salir a tender puentes cuando el gobierno nacional se dedicaba a quemarlos. Estos alcaldes, elegidos democráticamente y con legitimidad propia, entendieron que el interés de Colombia está por encima de las rabietas presidenciales. Su iniciativa diplomática no fue un acto de deslealtad hacia Petro, sino de lealtad hacia el país.

El escenario más probable es una descertificación moderada que nos mantenga en el limbo diplomático, perdiendo recursos importantes, pero sin el colapso total de la cooperación. Esto significaría años de reconstrucción de confianzas que Petro ha destruido sistemáticamente. Significa que el próximo gobierno tendrá que dedicar meses, quizás años, a reparar el daño causado por un presidente que confundió la diplomacia con el activismo de izquierda.

Colombia no puede permitirse cuatro años más de este desastre. La seguridad nacional, la economía y nuestro prestigio internacional están en juego. Es hora de que los colombianos entiendan que elegir mal tiene consecuencias, y que la soberbia ideológica de un presidente no puede estar por encima del bienestar de 50 millones de ciudadanos.

El lunes conoceremos el veredicto de Washington. Pero independientemente de la decisión de Trump, ya sabemos quién es el responsable de habernos llevado a esta situación: un presidente que prefirió ser el caudillo de la izquierda latinoamericana antes que el estadista que Colombia necesitaba.