Por: Luis Orlando Ávila Hernández

El despojo de tierras lo penaliza el Código Penal (artículos 261 y 263, año 2004) y se le da marco constitucional jurisprudencial con la Ley de Victimas y de Restitución de Tierras (año 2011).

Mas lo que puede estar pasando en Ibagué (que de hecho es la esencia dela historia de la ciudad y del Tolima desde mucho antes del magnicidio del candidato liberal presidencial Jorge Eliecer Gaitán), aunque pudiera o no encasillar en el despojo de tierras, en esencia es quedarse (o intentarlo) con lo que no es de uno, sino de otro.

Dicho esto, están ocurriendo tres casos en este Ibagué que llaman a advertir sobre esa tara antisocial que después se vuelve destreza política y luego economía naranja.

El primero, cuya víctima es el departamento del Tolima (o sea todos nosotros), ocurre por cuenta de dudosos tecnicismos jurídicos (que no del derecho y su ética) y de una solapada connivencia de empresas e instituciones como la empresa de busetas de transporte público LOGALARZA S.A. y como la Iglesia Católica con su franquicia en Ibagué: la Arquidiócesis de la ciudad.

El lote de aproximadamente cinco hectáreas cuyos vecinos son el centro vacacional de COMFATOLIMA (Norte y Occidente), la sede espiritual de la Arquidiócesis CASA BLANCA (Oriente) y otra sede espiritual de su competencia los Evangélicos (Sur), en  cuyo reciente certificado de tradición (enero 2019) con matrícula inmobiliaria 350 – 43508 aparece como Rural y de propiedad INSTITUCIONAL Departamento del Tolima, se certifica catastralmente (73001 01 10 0316 0049 000) como ubicado en la dirección Carrera 14 número 152-15 La Palma El Salado.

Este es explotado comercialmente desde hace años por el empresario de transporte señor JORGE MAURICIO PAVA RUIZ, supuesto compañero sentimental de la gerente de la empresa de busetas LOGALARZA S.A., mediante un parqueadero para estas más el presunto ilegal cobro de arriendos a un poco más de una decena de cambuches en madera entre los que se cuenta desde lavaderos de autos, recicladeros, talleres, cantinas hasta una cancha sintética de futbol.

Los servicios de energía eléctrica y de agua potable han sido suministrados clandestina e ilegalmente por la sede de los católicos, según lo denunció en sendos escritos ante la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué y la misma Personería de Ibagué el campesino desplazado CARLOS ONOFRE OSPITIA SANTAFE quien fuera contratado por PAVA RUIZ en julio 2015 como celador y todero, pero meses después pasaría a ser solo un arrendatario más del ilegal usurpador del bien público y de los católicos, como consta en los recibos de pago y en acta suscrita entre PAVA RUIZ y la curia ibaguereña, pruebas documentales las cuales reposan en el expediente ya archivado del proceso de Restitución de Inmueble Urbano con radicado 73001 41 89 002 2017  01375 00 del recientemente creado Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Ibagué.

Aunque la ley prohíbe que los funcionarios judiciales restituyan bienes del estado hacia los particulares y más hacia su ilegal beneficio económico, el pasado 5 de marzo el inspector séptimo urbano de policía de Ibagué, LUIS ALEJANDRO MORENO OLIVEROS, realizó el desalojo de don CARLOS ONOFRE y su familia desplazada, no obstante este último advertirle de la real propiedad del lote y de haber desde el diciembre anterior denunciado ante sus reales dueños: la Gobernación del Tolima.  De la misma manera entuteló la vulneración de sus derechos contra la decisión de fallo de restitución del 25 de octubre de 2018, la cual está hoy en decisión de impugnación ante la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagué.

Más sorprendente que el silencio de los dueños reales del lote ilegalmente explotado por un particular, ha sido el silencio cómplice de la Alcaldía de Ibagué y de la Personería del Municipio, ante los escritos de denuncia y acompañamiento de don CARLOS ONOFRE, a sabiendas que existe un evidente contrabando de servicios públicos de una persona jurídica (Arquidiócesis de Ibagué) para un lote del estado y en beneficio comercial de un particular poderoso empresario del transporte en busetas.

El segundo caso de despojo, es la otra cara de la moneda.

La escuela rural Los Cristales de la vereda Calambeo dentro del perímetro urbano de Ibagué, funciona en un lote de aproximadamente 500 metros cuadrados, desde hace unas tres décadas.

La particularidad es que el lote que usa la escuela rural (el Estado en cabeza de la Alcaldía de Ibagué) hace parte de un bien privado más grande denominado JAUJA LOTE 2 e identificado con la ficha catastral 73001 0004 00000041 0042 000 000 000 de propiedad de la Constructora Calambeo cuyo uno de sus socios es el ex político conservador y exconcejal  LUIS VICENTE GONZALES, hijo del notable, ético y prestigioso abogado ibaguereño fallecido Nicolás Gonzales Torres.

El pasado 7 de marzo, el Juzgado 11 Civil Municipal falló en primera instancia, negando la restitución de su bien a la constructora demandante, legalmente su propietaria, a favor de su demandada la Alcaldía de Ibagué.

Aunque en derecho y con ética el señor Juez 11, convocó a la comunidad de la vereda Calambeo, lo cierto es que el Estado quien realmente lo explota institucionalmente por décadas, debe compensar a sus reales dueños pues de lo contrario es despojarles de su tierra,con su presupuesto de más de medio billón de pesoscon el cual sobradamente pudiera pagarle a su demandante y así no ser calificada como otra despojadora de tierras.

El tercer caso, no tan detallado y probado como los anteriores, si obedece a las secuelas de una directiva presidencial del primer gobierno del cuestionado expresidente señor Uribe Vélez: someter al catastro, es decir al Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” – IGAC, a ser un apéndice civil de las FFMM, lo que a todas luces puso y pone a los funcionarios de esa entidad y a la información PUBLICA que estos técnicamente administran, a los vaivenes de la guerra que creímos superada, pero que con su tercer gobierno nos la piensa devolver.

Sus intereses personales, que no los de la Nación, que tuvo y tiene, primaron.

Desde hace algunos años recurrentemente la información (que es publica)sobre los predios, su identificación catastral, su localización, su fisiogeografia y sus áreas superficiarias, de un gran sector (casi un 30% del área urbana y rural) de la ciudad presuntamente aledaño a las instalaciones militares del antiguo Batallón Jaime Rooke en la vía a Armenia cerca al barrio Ricaurte y San Isidro en el suroccidente de la ciudad, no está disponible en la herramienta web del IGAC por asuntos de seguridad militar, según algunos funcionarios de la regional del IGAC que pidieron reserva de su nombre.

Y presuntamente aledaño, dado que la presunta censura incluye a sitios tan alejados y distantes de las instalaciones militares (instalaciones que no llegan a ocupar algo más de cinco hectáreasincluyendo sus zonas de vivienda militar) como la Plaza de Bolívar, buena parte de las áreas perimetrales y rurales del Cañón del Combeima, de Calambeo pasando por sectores aledaños al Estadio Murillo Toro y la zona de los cerros de la Martinica hasta una gran superficie del área rural y urbana colindante a la vía nacional que de Ibagué conduce al Corregimiento de Coello.

En esa área vedada supuestamente por seguridad militar, se encuentran predios del Estado y de los más pobres y más ricos de la ciudad, que pudieran ser objeto de compra o de expropiación administrativa por la concesionaria de la doble calzada Ibagué – Cajamarca, del Acueducto Complementario, y según un técnico alemán con el que pude conversar en 2011, pertenecientes a un área rural y urbana técnica y sofisticadamente escaneada desde aviones y helicópteros (quizá corroborando información satelital) por empresas joint venture de la poderosa minera Anglo Gold Ashanti.

Como en la frase erróneamente atribuida a Maquiavelo, piensa mal y acertarás, el despojo de tierras puede darse en estos tres casos como suelen darse las supersticiones que nos inundan a diario: con Fe o sin ella.