Desde el 4 de julio de 1997 con la creación de la ley 375, hasta el primero de marzo del 2018 con la ley 1885. Y casi 2 años después, se sigue articulando sin materialización, la armonización política y participativa de los jóvenes en el territorio nacional.

Cuando el territorio nacional, incursionó en su proceso de transición política de post constituyente en los 90´. La orientación respaldó la posibilidad a los nuevos procesos democráticos y participativos en las regiones. Abriendo la posibilidad equitativa a los nuevos liderazgos con garantías constitucionales.

La importancia de los jóvenes en los procesos participativos y sociales, tomaba relevancia después de obtener triunfos como el de “la séptima papeleta”, donde en articulación, el movimiento estudiantil aprovechó la coyuntura social para finiquitar la necesidad de establecer y encaminar el apuro de cambio que necesitaba el territorio nacional. Es así, que, en medio de conflictos sociales, narcotráfico, corrupción desmedida e incoherencia política, resucitaba en el plano real, una constituyente que oxigenaba y alimentaba las esperanzas de tener un país más garantista, más participativo, equitativo e inclusivo.

El triunfo juvenil sobre el plano social y político en el territorio, reflejaba la importancia de los mismos, en la estructuración de los diferentes escenarios sociales. Es así, que luego de la constituyente del 91, se dio paso y direccionamiento en concreto a la demanda nacional, que exigía legitimar a los jóvenes del territorio en el empoderamiento social con el respaldo de sus derechos, para fortalecer la participación en los diferentes contextos del plano nacional.

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Con la aparición de la ley 375 de 1997, se reconoce a la ciudadanía juvenil como actor funcional y determinante en la agenda política nacional. Se garantizan los derechos y mecanismos para asegurar y proteger los instrumentos, que faciliten su participación y acceso a la esfera social, política y participativa. De esa manera, se abre la puerta para la organización juvenil en el apoyo de los procesos y, además se ponen los primeros escalones para garantizar la participación de los jóvenes en la política nacional y regional. Una vez se planificó lo anterior, había que institucionalizar la participación juvenil en el ejercicio de sus derechos, por lo cual se establecieron otras leyes que pretendían consolidar y resguardar los derechos, la proyección y el futuro de los jóvenes en el territorio nacional. Por lo tanto, aparecieron leyes como: La ley 1014 del 26 de enero de 2006 y la ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, con las cuales se busca la promoción de las actividades juveniles en materia de emprendimiento y de generación de empleo.

El camino para la consolidación de la ciudanía juvenil, parecía estar mejorando, pero a pasos muy lentos. Es por eso, que era más que necesaria la instrumentación de sus propios mecanismos de elección para garantizar el pleno despliegue participativo de la ciudadanía juvenil. En consecuencia, a ello, aparecen las leyes: 1622 del 29 de abril de 2013 y 1885 del 1 de marzo del 2018; con las cuales se buscó institucionalizar de manera efectiva y orientada en el ejercicio de sus derechos, la materialización directa de su legislación política y diferencial en el territorio nacional.

Desde que se empezó con el proceso organizativo de los jóvenes, han pasado cerca de 23 años, para efectuar y materializar en el plano político lo que se ha construido hasta la fecha. La ley 1885 del 1 de marzo del 2018, determinaba como una realidad la realización y consolidación de los consejos municipales de la juventud en el territorio, todo parecía estar listo para su realización en el 2020, hasta que por la crisis sanitaria que ostenta el territorio nacional, se suspendieron para marzo del 2021. 

Sin embargo, la larga lucha, construcción y postergación del afianzamiento político juvenil, no ha sido un impedimento para que los jóvenes sigan siendo activamente importantes en la construcción del entorno social por el que tantos años, se ha anhelado. Los jóvenes hemos esperado lo más, hemos aguantado lo más… Ahora es el momento de establecer ese enfoque diferencial como resultado positivo en el cambio de la política en nuestros territorios.

Por: Santiago Zamora Robayo​, Politólogo – Universidad del Tolima

Especialista en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal – Universidad Católica de Colombia