Por Renzo García

Exdiputado, excandidato a la Alcaldía de Ibagué

Una cruzada obstaculizadora de la Gobernadora contra el Gobierno Nacional. Es inaceptable que, en un momento que exige unidad y acción coordinada, la Gobernadora persista en una estrategia de descrédito hacia el Presidente de la República, alegando una inversión significativa de la gobernación que los datos oficiales y la realidad sobre el terreno desmienten categóricamente.

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Desde el inicio de esta grave emergencia hace siete meses, el Ministerio de Salud ha ejercido un liderazgo y una coordinación directos e imprescindibles. Su intervención ha sido fundamental para la concepción e implementación de una estrategia integral de contención, que abarca desde una campaña de vacunación masiva hasta la financiación de numerosos equipos de vacunación y la crucial asistencia técnica brindada a nivel nacional.

Al corte del 22 de abril de 2025, el departamento del Tolima se ha consolidado, lamentablemente, como el epicentro nacional de este brote, concentrando una alarmante cifra del 78% de los casos confirmados en el país (64 de 82) y reportando la dolorosa pérdida de 24 vidas. La intrínseca conexión epidemiológica con otras regiones se hace evidente en las declaraciones del Alcalde de Bogotá, quien ha confirmado que la totalidad de los casos identificados en la capital tienen su origen en el Tolima, subrayando la dimensión nacional de esta crisis.

Es imperativo reconocer que las consecuencias sanitarias para el país habrían sido catastróficamente mayores de haberse dependido de una respuesta efectiva por parte de la gobernación del Tolima. La campaña de vacunación masiva, impulsada y financiada por el Ministerio de Salud – una intervención preventiva de probada eficacia con una sola dosis – ha sido el pilar fundamental para mitigar el devastador impacto de esta enfermedad.

Con profunda indignación se observa cómo los municipios del Tolima, azotados por esta emergencia, han dependido casi exclusivamente del apoyo técnico y financiero del Gobierno Nacional, mientras que la presencia y la acción coordinada de la gobernación han brillado por su ausencia. La Gobernadora, en lugar de proponer y ejecutar acciones de concurrencia y colaboración, ha optado por una postura sistemática de crítica y cuestionamiento hacia el gobierno central.

Resulta encomiable destacar el compromiso inquebrantable de alcaldes y gerentes de hospitales, quienes, con recursos frecuentemente limitados, han trabajado incansablemente en la primera línea de respuesta. Es, por tanto, indignante que la gobernación intente apropiarse de estos logros, minimizando el esfuerzo y la dedicación de quienes verdaderamente han estado al frente de esta batalla sanitaria.

Este patrón de conducta, consistente en la atribución de méritos ajenos, no es un hecho aislado y se replica en áreas críticas como la seguridad departamental y las mejoras viales. Con una desfachatez inaceptable, la gobernación se adjudica los éxitos del gobierno nacional, mientras que las dificultades son sistemáticamente endosadas al Presidente Gustavo Petro.

Paralelamente, las declaraciones irresponsables de la Directora de Cortolima, negando la existencia de lineamientos claros para las autoridades ambientales, son rotundamente falsas. Sus propios funcionarios participaron activamente en los talleres de vigilancia integrada organizados por el Instituto Nacional de Salud (como evidencia la documentación adjunta), donde se definieron responsabilidades específicas.

Las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud son explícitas y detalladas, lo que hace aún más alarmante la ignorancia deliberada de esta información y, peor aún, el desconocimiento del funcionamiento esencial del Estado y la obligación ineludible de coordinar acciones en aras del bienestar de las comunidades y la protección del medio ambiente. La reciente aparición mediática de la Directora de Cortolima no solo es desacertada, sino que expone una preocupante falta de profesionalismo por parte de estos funcionarios, evidenciando la influencia de intereses particulares, en este caso, del Clan Barreto.

En conclusión, es crucial reiterar la gravedad de la fiebre amarilla, una enfermedad con una letalidad que puede alcanzar hasta el 50% en individuos no vacunados. Es imperativo que la autoridad departamental del Tolima asuma su rol con la responsabilidad que la situación exige y cese de inmediato la desinformación a la población. La salud pública no puede ni debe ser un escenario de confrontación política, sino un espacio de colaboración efectiva y acción coordinada.

La emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional representa una oportunidad vital para fortalecer la respuesta y proteger a las comunidades más vulnerables. No podemos permitir que mezquinos intereses políticos se interpongan en este objetivo fundamental.