Bastante revuelo ha generado en los últimos días la participación de la nación en la reestructuración de la empresa extranjera Avianca Holdings, mediante la financiación de US$370 millones por 18 meses, es decir, $1´383.159.900.000 pesos colombianos que salen del erario.

Podría plantearse un reparo ético o incluso jurídico, dada la relación sanguínea entre el presidente Iván Duque y su hermana María Paula Duque, quien ejerce como alta funcionaria de Avianca, escenario que deberá ser revisado por las autoridades competentes, claro está, con la esperanza de que aún conserven un ápice de independencia.  

Más allá de este asunto sobre la legalidad o los riesgos de la financiación, en donde existe un margen de posibilidad para encontrar o no responsabilidades jurídicas, es necesario esclarecer en primera instancia la pertinencia de la financiación y la prioridad que se le asigna.

Para empezar, la debacle financiera de Avianca no nace por la pandemia. En contraste con el año 2016, en donde la empresa reportó trimestralmente utilidades operacionales por US$37,6 millones de dólares, para el primer trimestre del año 2019 estas utilidades se redujeron a US$18,7 millones de dólares, registros que evidencian números negativos previo a la pandemia. A principios de este año Avianca Holdings reportó pérdidas netas por US$893 millones de dólares como resultado del 2019. 

Dejando claro que la quiebra de Avianca se gestó hace tiempo, debido a su regular desempeño empresarial y no como resultado del COVID-19, es pertinente ahora plantear las siguientes preguntas: ¿Es estrictamente prioritario en el actual estado de emergencia salvar esta empresa? ¿Es sensato otorgar un crédito de tal magnitud a una empresa que desde hace años viene mostrando un desempeño negativo? ¿son los vuelos un servicio de primera necesidad? ¿Está el Gobierno aprovechando la emergencia para lanzar un salvavidas contemplado con anterioridad? ¿Qué pasa con las empresas que sí pasaron de la abundancia a la necesidad en esta pandemia? ¿Es esta una decisión objetiva?

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Los únicos argumentos válidos que podrían plantearse para defender esta financiación son los 19.000 empleos que genera esta empresa o su contribución a la reactivación del sector turístico. Pero, frente a esto existen dos preguntas: ¿No existen más aerolíneas en Colombia? ¿No existen otros sectores con la capacidad de generar muchos más empleos y que requieran ayuda económica?

En Colombia operan otras 7 aerolíneas, entre ellas algunas nacionales, que perfectamente podrían contribuir a la reactivación del sector turístico. Además, en lo que concierne a la segunda pregunta, sólo el campo genera 4,9 millones de empleos para el país, produce elementos de primera necesidad y requiere ayuda estatal; también existen 2.540.953 Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) en el país, que aportan el 30% del PIB, generan millones de empleos y no han recibido una ayuda importante, pues estas poseen dificultades para acceder a créditos y están quebrando masivamente. ¿No es mejor priorizar el rescate de estos sectores?

Las circunstancias reclaman potenciar esfuerzos para salvaguardar directamente el bolsillo, la salud y la calidad de vida de los colombianos. Según el DANE “Casi el 23% de los ciudadanos de las principales ciudades del país pasaron de comer tres a dos comidas al día”, o, por otro lado, la tasa de desempleo se ubicó en 20,2%, es decir, 4,1 millones de empleos menos que el año anterior. ¿De qué forma el crédito a una aerolínea extranjera, con recursos del erario, contribuye a mitigar estos problemas de primera necesidad? Hasta el momento la argumentación dada por el gobierno nacional se ha quedado corta.

En últimas, cuando se opta por priorizar el rescate de una empresa que genera menos empleos que otras, que no es imprescindible para la reactivación del sector turístico, que según el registro de sus utilidades ha demostrado problemas en su desempeño y que no contribuye a satisfacer necesidades primarias, crece cada vez más la incertidumbre sobre si en realidad se está gobernando para todos los colombianos, porque este salvavidas parece ser prioridad sólo para un pequeño grupo.

^{*Politólogo U. del Tolima}