Por: Rodrigo Negrete M.

La andanada de los últimos días, y en particular de hoy de los mineros y replicada sin mayor análisis por los promineros a través de diferentes medios de comunicación en contra de las consultas populares y demás medios de expresión democrática del pueblo y de sus representantes legítimamente elegidos, demuestra el desespero en el que se encuentran, la falta de argumentos para hacer frente a una situación que ellos con el gobierno nacional generaron, así hoy se muestren como víctimas.

La minería no es la redención económica, ni social de este país. Es una actividad que se ha venido desarrollando bajo el amparo de una norma inconstitucional (Código de Minas) que se ha venido cayendo a pedazos en la Corte Constitucional, que se realiza desconociendo un pilar de la organización del Estado colombiano, cual es la autonomía territorial, los instrumentos de planificación y ordenamiento del orden local (POT, EOT, PBOT), que los municipios son copropietarios del subsuelo y no se pueden adoptar decisiones sin llegar a acuerdos con ellos (Sent. C-123/14 y para esos acuerdos se requiere de una ley que establezca el procedimiento -aún no se expide-), que a los concejos les corresponde dictar normas para el control, preservación y defensa del patrimonio ecológico, que la minería en una actividad altamente deteriorante, generadora de conflictos socio ambientales, que los municipios más pobres y violentos son los mineros, en particular donde se explota oro, (solo ver la guajira, Cesar y Córdoba), que la minería tiene enormes privilegios tributarios, deducen del pago de impuestos el pago que realizan de regalías (irrisorias, entre otras), que generan bajo empleo (150.000 en todo el país según el DANE), que destruyen la base natural, generan desplazamiento y afectan posibilidades de adjudicación de baldíos en 7 millones de Ha (Sent. C-389/16 C.C.) a pesar de que insistan en que es "compatible" con la agricultura y el derecho fundamental a la restitución (idea peregrina acuñada por asesores mineros de la Unidad de Restitución de Tierras y convertida en posición oficial en una guía de esa entidad (increíble), compran conciencias (jurídicas, técnicas, de algunos maestros (formadores de las generaciones futuras, algunos alcaldes, concejales, etc). desplazan campesinos, finqueros, cafeteros, arroceros y comunidades locales, a pesar de que la Constitución señala que la producción de alimentos debe ser objeto de especial protección del Estado. Volvamos la mirada al campo y a la maravillosa biodiversidad que tiene Colombia, no imitemos a Chile que realiza minería en un desierto, miremos en los pertinente a Costa Rica y a El Salvador, que prohibió la minería de metálicos, para empezar. 

Dónde están los "constitucionalistas" y defensores de la minería cuando existen municipios NO mineros como Cajamarca, Támesis, Jericó con títulos y solicitudes de títulos mineros que abarcan más del 80% del municipio, cambiando abruptamente los procesos locales, ahí no dicen que esa determinación inconsulta con los municipios y las comunidades no es inconstitucional, cuando el país se ordena a base de títulos mineros y contratos petroleros. 

Son valientes para atacar a los alcaldes y concejales o replicar comentarios amenazantes o falsos de estos personajes.

No cuentan con que la dignidad de la inmensa mayoría de los colombianos no se negocia y ahí está la fortaleza para seguir.