Existió una tradición desde que los Gobernadores se elegían popularmente, donde en los primeros quince días de mandato organizaban una reunión con todos los funcionarios y sin mucho protocolo, el Gobernador de turno daba un saludo de bienvenida, presentaba a quien cumpliría funciones de primera gestora, lo mismo que a cada uno de los miembros del gabinete y luego, entrado en confianza, exponía sus propósitos respecto del talento humano de la entidad. 

Pues bien, el Gobernador Orozco después de casi 30 años, rompió con esa tradición. Confieso que al comienzo causó extrañeza que no hubiera querido presentarse, saludarnos y contarnos sobre sus intenciones para con nosotros; sin embargo, con el tiempo hemos ido entendiendo por qué no lo hizo; sobre todo al revisar ciertas actuaciones y omisiones que a continuación enumeraré, desarrolladas por la Señora Sandra Patricia Acevedo Leiva, quien fue designada como Directora de Talento Humano en propiedad y Secretaria Administrativa encargada; mejor dicho para que quede claro, es la funcionaria que desarrolla las políticas de la administración frente a sus funcionarios. 

1) Desde el 12 de enero venció la póliza de seguros de vida que cobija al Gobernador, Diputados, Directivos y funcionarios de la Gobernación; hemos solicitado que nos informe cuando la renovó y nos dé copia de la misma; sin embargo entendemos por su largo silencio, que todavía no la ha renovado ¿Acaso en plena pandemia puede existir una prioridad mayor frente a los funcionarios? ¿Cómo se explica que una funcionaria demore meses para renovar una póliza de semejante importancia? bien temprano nos quedó claro cuál es la importancia que nuestra vida, salud e integridad, le merecen a la funcionaria y al Gobierno. 

2) El 03 de abril la citada funcionaria expidió la Circular No. 0014, donde dispuso que los funcionarios debíamos laborar durante los días 6, 7 y 8 de abril. Con esa Circular desconoció y contravino otra decisión tomada por el Gobernador mediante Decreto No. 0148 del 19 de febrero, por el cual concedió a los funcionarios descanso remunerado y previamente compensado, por los días 6, 7 y 8 de abril ¿Cómo es posible que a la luz de las competencias constitucionales, legales, reglamentarias y principios como el de legalidad; la funcionaria desconozca el alcance de sus decisiones frente a un Decreto Departamental? ¿Será posible que una funcionaria de su jerarquía, ignore que sus decisiones nunca estarán por encima de las de su jefe? más adelante veremos que el de legalidad, no es precisamente el principio favorito de esta funcionaria. 

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3) Desconociendo la normatividad laboral aplicable, así como el Concepto Jurídico No. 129721, expedido el 1º de abril por el Departamento Administrativo de la Función Pública; la funcionaria expidió la Resolución No. 532 de abril 13, la cual funda en el Decreto Legislativo 488 del 27 de marzo (inaplicable para funcionarios públicos del orden territorial), donde concede en plena pandemia el disfrute de vacaciones de periodos acumulados que ya habían sido aplazados por necesidad del servicio, a 100 funcionarios de la Gobernación, los cuales no habían solicitado dicho disfrute, precisamente porque se encontraban laborando de manera presencial o mediante trabajo en casa. 

No satisfecha con semejante esperpento jurídico, también otorgó el disfrute de “vacaciones anticipadas” a otros cuantos funcionarios, sin que exista norma aplicable que le otorgue dicha facultad. Esto señores no solo es un atropello con los derechos de los funcionarios, sino un prevaricato que puede servir de ejemplo académico en cualquier facultad de derecho. 

4) No ha cumplido con muchos compromisos adquiridos en los Acuerdos Colectivos, para la muestra éste botón, todavía no ha comprado los ascensores de la Gobernación y continúa permitiendo que los mismos funcionen y presten su servicio al público, sin que ninguno de ellos cuente con la certificación de óptimo servicio, requisito legalmente exigido para su funcionamiento, violando así la Norma Técnica aplicable y el Acuerdo No. 007 de 2018 del Concejo Municipal de Ibagué. Tenemos claro que la Alcaldía de Hurtado no le va a imponer a la Gobernación de Orozco, las sanciones que por tal incumplimiento establece el artículo tercero del citado Acuerdo, pero eso no excusa a la funcionaria para que siga permitiendo el uso de ascensores que no cuentan con la certificación que habilita su servicio. 

Ojalá los contratos de la póliza de seguros y de la compra de los ascensores hubieran salido igual de rápido que el nacionalmente famoso contrato de publicidad, lastimosamente ya entendimos que cuando está de por medio la vida, salud e integridad de los funcionarios, la administración departamental no corre. 

5) Desde el 1º de mayo entró en mora con la entrega de la dotación para los funcionarios con derecho a recibirla. Su obligación era entregarla a más tardar el 30 de abril, según el Decreto No. 1978 de 1989. Incumplir con esta prestación social, viola la legislación y los Acuerdos colectivos. Estas omisiones se conocen hace mucho tiempo por la Procuraduría General de La Nación, la Dirección Territorial del Trabajo y la Asamblea Departamental; desafortunadamente como tales Entes no efectúan ningún control sobre semejante abuso, pues tocará esperar hasta cuando le provoca a la administración entregar las dotaciones. 

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6) El Ministerio de Salud expidió el 24 de abril la Resolución No. 666, allí impuso para todas las entidades la obligación de adoptar, adaptar e implementar los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio del Covid-19. Mientras muchos funcionarios continuaron laborando presencialmente durante el aislamiento preventivo obligatorio, la funcionaria demoró 26 días y sólo hasta el 19 de mayo expidió la Resolución No. 0659, en la que adoptó el protocolo de bioseguridad, tan sólo horas después que el Gobernador públicamente informó que existían varios funcionarios contagiados, con lo que el edificio de la Gobernación del Tolima se convirtió en el cuarto foco de contagio más grande de Covid-19 en la ciudad, luego de la cárcel de Picaleña, la Permanente Central y una cadena de supermercados, también nacionalmente famosa. 

Lástima que ésta columna no alcance, pero dejamos en el tintero material para otras, donde abordaremos temas como un formato del 28 de mayo denominado “Consentimiento Informado”, que se inventaron para ingresar a la Gobernación; acosos que van hasta la reubicación de funcionarios; vencimientos de derechos de petición presentados por nuestra organización (lo que constituye una clara persecución sindical); respuestas extemporáneas de peticiones con oficios sin fecha (violación de la ley de archivo), Etc. 

Los Entes de Control conocen los incumplimientos, atropellos y abusos que en sólo cinco meses la funcionaria ha infligido sobre los funcionarios, desafortunadamente no pasa nada frente a una administración departamental que de dientes para fuera se muestra profundamente respetuosa de la ley y las personas; pero que de dientes para adentro, como pueden observar, también violan las normas e intimidan, perjudican y desmotivan a los funcionarios.

Por: José Gabriel Tobar Tribin

Abogado Especialista en Derecho Administrativo

Presidente - SINDEPTOL