Por: Carlos Alberto Estefan Upegui

Todo emprendimiento encaminado a exterminar la corrupción es poco, ante la magnitud de este grave flagelo en el país.

Por eso, no se puede fracasar en el primer intento de movilizacion masiva de la opinión ciudadana, convocada para expresar su rechazo. 

Comencemos por entender que la corrupción  viene multiplicándose y acentuándose generacionalmente. 

Ahora, hasta se habla de predisposición genética a la criminalidad, a la violencia y a la antisocialidad, entre otras conductas adquiridas por causas biopsicosociales.

Predisposición a la cual se suman las carencias en la educación familiar y  escolar; incluso, factores como el mal ejemplo y las influencias del medio en el que se habita. Además, de la permisividad de la gente,  la inmoralidad de los funcionarios en el ejercicio de la gestión fiscal y la impunidad.

Razones que obligan a exigir y a promover comportamientos inspirados en la ética y el respeto por lo ajeno, sin ceder a las tentaciones del dinero, virtudes éstas que se han vuelto escasas y no tienen precio.

En ese mismo orden de ideas, hay que hacerle "trazabilidad" a las hojas de vida de quienes pretendan ser servidores públicos.

Cierto es, que pagarles menos a los congresistas no asegurará que se vuelvan honrados, por el contrario, quizas van a estar más ávidos en el cobro de favores y de coimas, pero de todas formas los cambios deben iniciarse cuanto antes. 

Marcar sí es un buen comienzo, ya que inclinarse por el no, o ser indiferentes, simplemente nos convierte en cómplices pasivos por aquello de  "dejar hacer, dejar pasar".

Ya habrá tiempo para emprender más y mejores enmiendas hasta llegar quizas a tener congresistas bien pagos, pero verdaderamente honorables, preparados y consagrados fielmente a su oficio, sujeto todo ello al ahorro derivado de reducir el Congreso a una sola cámara y acabar con el exceso burocrático de las Unidades Legislativas.

Recordemos que por ahora son 7 puntos y todos deben marcarse con el sí, pues para lograr su validez se requiere de la aprobación de cada uno de ellos con un mínimo de 12 millones de sufragantes 

No nos confiemos en la votación que supuestamente puedan colocar los mismos congresistas, pues ellos están cobijados por las medidas allí planteadas y seguramente no se van a esforzar por  autorregularse.

Tampoco nos dejemos distraer por los esécpticos sobre la supuesta inviabilidad de algunos puntos, con lo cual se busca desalentar a la gente y restarle importancia a la consulta.

Por ejemplo, hay quienes dicen que el primer punto es contrario a  lo previsto en el artículo 50 de la Ley 134 de 1994, que prohíbe realizar consultas populares sobre temas que impliquen modificar la Constitución Política.

Otros, manifiestan que para recortar sueldos habría que reformar primero el artículo 187 de la Constitución, mediante el cual se define el aumento de los salarios de los congresistas.

De ser así, entonces que sea la autoridad competente la que aclare esas dudas y no a través del sainete de las noticias falsas y ridículas de las redes sociales.

La consulta hoy cuenta con la autorización requerida; están impresos los tarjetones; lleva 19 meses organizándose, y así cueste 300 mil millones de pesos, lo que se roban los políticos al año alcanza los 50 billones de pesos; y según una cifra más reciente de la Contraloría General de la República, 14 billones de pesos más, al referirse a "empresas criminales en la salud y en la educación".

Razón suficiente para salir a votar siete veces sí este 26 de agosto. Es cuestión de dignidad.