La tragedia que ha vivido el país con el baño de sangre de los últimos días con las masacres de Cali, Samaniego, Arauca, El Tambo y Tumaco, hasta el momento, que dejan cerca de 30 muertos, lamentable e infortunadamente, es enfrentada por el gobierno de Iván Duque, con eufemismos y con el espejo retrovisor en la mano. 

Nada más insólito que a estas alturas el gobierno trate de minimizar la situación acudiendo a un lenguaje disfrazado y a comparaciones sin sentido, cuando equipara de manera equivocada con 8 años de la administración de Santos.

Es el desprecio por la vida, responder de esta manera, afirmando que lo sucedido no son masacres sino "homicidios colectivos", como lo hace el presidente Duque, mientras que su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, asegura que "Si comparamos las masacres cometidas desde el 2010 hasta el 2018 (8 años), con las de esta semana verán que no estamos tan mal".

 Aquí, entonces, no importan las vidas sino adornar el lenguaje para suavizar los terribles hechos y retrotraernos a la administración anterior, para descargar responsabilidades. 
Entretanto, olímpicamente el gobierno desconoce la situación y por ende se baja de toda responsabilidad frente al baño de sangre que hemos vivido en los últimos días; y si relacionamos los crímenes violentos registrados en los primeros siete meses del año, tendremos que contabilizar 394 líderes sociales asesinados y 291 femenicidios, sin tener en cuenta los ocurridos en los últimos diez días, donde la mayoría son menores de edad y estudiantes tal y como los relaciona un documento que una asamblea general de profesores de la Universidad de Antioquia denomina "La línea interrumpida de los sueños: Diez días de muerte, guerra y dolor en Colombia". 

• Puede leer: Hastío

En ese documento se desnuda la realidad que estamos viviendo y comienza citando los nombres de las víctimas así:           
"Nueve estudiantes universitarios masacrados en Samaniego, Nariño.
Óscar Andrés Obando Betancourt,
Laura Michel Melo Riscos,
Jhon Sebastián Quintero Cortes,
Byron Patiño,
Daniel Vargas Juradó,
Rubén Darío Ibarra Andrade,
Campo Elías Benavides Erazo,
Sebastián Quintero,
Brayan Cuaran;
Cinco jóvenes asesinados en Cali
Juan Montalo,
Jean Paul Perlaza,
Jair Cortéz,
Alvaro Caicedo,
Leyder Cárdenas;
Dos jóvenes asesinados en Cauca y Nariño.
Cristian Caicedo,
Maicol Ibarra.
Un joven mutilado por su orientación sexual en Sincelejo,
Luis Fernando Álvarez.

Dos indígenas asesinados en Corinto,
Eugenio Tenorio Yodado,
Kevin Ademir Mestizo.
Un periodista indígena asesinado,
Abelardo Liz.
Un líder social asesinado del Bajo Baudó, Chocó,
Patrocinio Bonilla.
Dos feminicidios en Antioquia,
Gloria Lucía Zuluaga y Michel Zapata.
Un líder social ambientalista asesinado en Villacarmelo, cerca de Cali 
Jaime Monge.
Tres indígenas asesinados en resguardo awá, Pialapi Pueblo Viejo, ubicado en el municipio de Ricaurte aún sin identificar…

La mayoría de estos hechos ocurren en la región Pacífica del país, donde las personas no tienen los mismos derechos y mucho menos las mismas garantías para ser y para existir.

Les nombramos porque nos resistimos al olvido, les nombramos porque nos
solidarizamos con sus familias, amigos y cercanos, les nombramos porque se interrumpieron sus sueños, porque NADA justifica que no estén entre nosotros, les nombramos porque no son cifras, no son datos, no son números, son líneas de vida, de esperanza, de posibilidad, les nombramos porque no habrá reemplazo para ellos, no son renovables, y porque nos con-mueve su desaparición.
Les nombramos porque son parte del país que habitamos y que lamentablemente conocemos por hechos trágicos como estos, por titulares de prensa, les nombramos porque su vida como su muerte son certeza y un llamado de atención al país, a la juventud, a la Universidad, a la vida por la fragilidad y la vulnerabilidad a la que nos lleva la guerra, la renuncia a la paz y la espalda a los procesos necesarios para esclarecerla.

 Hechos como los que acabamos de pasar los últimos días nos llaman a alejar el miedo, a enfrentar la vida, la verdad y la paz como posibilidad, como camino indispensable para SER país. Aquí no nos sobra nadie, NINGUNA VIDA ES PRESCINDIBLE, nos necesitamos todas y todos.

• Puede leer: País de odios y miedos

El gobierno nacional ha guardado silencio oprobioso frente al tema, en estos dos años la barbarie ha vuelto, ha incumplido con los acuerdos de paz firmados con las FARC, ha aumentado el río de sangre en impunidad recrudeciendo la violencia como en sus peores momentos; llama la atención la vulneración de la vida de niñas, niños y jóvenes en medio del conflicto. 

Las alocuciones presidenciales muestran su desdén por la vida, la presidencia elige a quien llorar.
Los derechos humanos que defendemos y que encarnamos como servidores públicos universitarios, por la salud, la educación, el trabajo digno, la vida y la paz como parte de ellos nos interpelan para decirle al país que aquí estamos, firmes, del lado de la vida plena, la vida buena, la vida que sea vivida en plenitud, aun en medio de la pandemia y con mayor razón en medio de ella, de las precariedades, de las limitaciones, caminamos convencidas y convencidos que construimos país, rechazando la muerte, la guerra, la injusticia.

 Abrazamos con esperanza un país que se reconozca en su diversidad, en su riqueza, en su diferencia, nos resistimos a dejar
de soñar por días en paz para poder ser y ser con todos, donde Colombia, como nos dice el padre Francisco de Roux sea donde la seguridad se base en la confianza colectiva, y donde lo normal sea la vida en condiciones de dignidad, con garantía de las condiciones sociales y económicas en igualdad para todas y todos", concluye el documento, fechado en Medellín a los 20 días del mes de agosto 2020.