El programa de Reciclaje por Alimentos, que anunció semanas atrás Olga Lucía Alfonso, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), tiene en vilo a cientos de familias tolimenses que se dedican a la recuperación de los residuos sólidos.

El proyecto a implementar en Ibagué, Anzoátegui, Ortega y Villahermosa, consistiría en crear unas huertas caseras trabajadas por "campesinos". Los productos agrícolas que cosechen se intercambiarían por el reciclaje que la ciudadanía les entregue. "Tiene este proyecto un componente de reciclaje, las personas van al mercado, llevan su papel, cartón, vidrio, botellas, envases plásticos, y lo intercambian por alimentos", explicó la directora de Cortolima. 

De inmediato las declaraciones prendieron las alarmas entre los recicladores formales del Tolima. "Al llevarse a cabo este programa están desplazando al reciclador de sus rutas históricas y selectivas, que nosotros como operadores de aseo debemos cumplir por orden de la Superintendencia de Servicios. Pero ya obviamente los usuarios no nos van a entregar el reciclaje porque si les dan un mercado a cambio, la gente lo guarda para recibir una contraprestación", se queja Gloria Franco, vocera de la Cooperativa de Recuperadores de Reciclaje del Tolima. 

Queja formal

Cooresuntol es una de las cuatro organizaciones que elevaron una queja formal ante las entidades públicas que, según expresan ellos, están atentando en contra de su profesión. "Con esta práctica le estarían negando el acceso cierto y seguro al material, derecho que tienen por ley todos los recicladores".

Además, les preocupa que tras negarse a participar en el programa, las Alcaldías y Cortolima habrían propuesto ocupar una asociación de Bogotá. "Es gravísimo que traigan entidades de otras ciudades a ejecutar el proyecto. Ya les hemos dicho porqué no es viable, las normativas que nos protegen, y no las tienen en cuenta. No entendemos porqué buscan ayudar a una población, pasando por encima de otra", cuestiona Gloria Franco. 

En el anterior gobierno de Óscar Barreto la Gobernación del Tolima también intentó implementar una iniciativa similar a esta. En ese momento los recicladores de igual manera se opusieron. 

• Puede leer: En Alvarado rescatan cría de Jaguarundí con síntomas de desnutrición

Tutela

"No comprendemos porqué insisten en el proyecto. Antes incluso nos tocó entutelar porque afectaba la labor del reciclador de oficio. Ya lo habían realizado con una chatarrería privada y logramos frenarlo. Ahora nos tocará hacer lo mismo". 

Joaquín Torres es el abogado ibaguereño que está asesorando jurídicamente a unas 200 familias tolimenses que temen por sus puestos de trabajo. "El programa de Reciclaje por Alimentos viola el decreto 1077 de 2015, la Ley 256 de 1996 y reiteradas sentencias de la Corte Constitucional. La propuesta de la directora de Cortolima y alcaldes afecta a los recicladores en su mínimo vital, su derecho al trabajo, el libre desarrollo de su actividad comercial. El decreto del 2015 es claro en prohibir el intercambio de reciclaje por alguna contraprestación", enfatiza el abogado. 

Advierte el abogado Torres que está prohibida la intermediación en la cadena productiva del reciclaje, pues deben ser los trabajadores de oficio los que directamente le entreguen el material a la Superintendencia de Servicios Públicos. "Otro punto clave es que cualquier actividad que tenga que ver con el reciclaje, debe estar consignado en el PGIRS de un municipio. En el de Ibagué, Anzoátegui, Ortega y Villahermosa no está. Se está desviando la ley y la Constitución, porque yo debo reciclar porque es mi obligación, no porque me dan algo a cambio". 

• Puede leer: Colombia con más ambientalistas asesinados

Ante la insistencia de los entes gubernamentales, los recicladores locales les piden que tengan en cuenta otras propuestas suyas. "Con el Cambiatón Verde está en peligro la permanencia del reciclador en el oficio, a ellos los van a obligar a desplazarse a hacer otras cosas, y con este desempleo tan amplio, yo creo que les va tocar irse a delinquir", dijo Carlos Luna, director operativo de Cooresuntol. 

Por último, proponen que en lugar de invertir $3.000 millones en la Cambiatón Verde, mejor se les ayude a los recicladores a formalizar y fortalecer su oficio.