Por Daniel León

La información y los datos reportados por las instituciones públicas, en la actualidad, constituyen una de las principales herramientas para la planeación no solo institucional, sino también para la vigilancia que realizan las comunidades.

Sin embargo, por lo menos en lo que respecta a los datos de violencia sexual, en el Tolima, no se cuenta con información clara ni específica que permita un ejercicio de veeduría ciudadana.

Un dato de calidad que nazca en una institución pública, debería contener al menos tres características fundamentales: en principio, que sea específico, es decir, que aquello que pretende explicar no sea una mera generalidad. Luego, como segundo aspecto, que sea confiable, es decir, que aquella persona que lo construye refiera su proceso de obtención y procesamiento. Finalmente, que este dato tenga la capacidad de soportar ejercicios de predicción, prevención y análisis, a tal punto que se sirva mitigar un problema social.

Seguramente, los analistas de datos de larga data, darán cuenta de muchas más características importantes. No obstante, si tenemos estas tres como un mínimo, y ponemos bajo la lupa las estadísticas regionales del Tolima relacionadas con violencia sexual que brinda el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encontraremos deficiencias importantes que van a impactar en la capacidad de evaluar este importante tema. Veamos.

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En su página web, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señala que, durante el año 2023, se han reportaron un total de 325 ingresos bajo medida de protección por motivo de violencia sexual. Esta información estadística se presenta como un total para la región tolimense, de la siguiente manera:

Fuente: Página web Institucional ICBF sección “datos ingresos PARD”

Si bien se suministran variables de análisis como sexo, etnia y nacionalidad, no se muestra por ningún lugar la posibilidad de visibilizar los datos desde los municipios, incluso desde los lugares de ocurrencia del hecho.  Esto significa que, de no tener información detallada respecto a la localización de la ocurrencia de la violencia, un ciudadano del común se encuentra impedido para determinar si Ibagué agrupa más casos de violencia sexual que el Espinal, por ejemplo. Más aún, si se quisiera realizar una campaña de prevención, no se sabría con exactitud dónde realizar el énfasis.

Desde una postura ciudadana, es una necesidad inmediata que se posibilite el acceso a unos datos claros, no solo para lo relacionado con violencia sexual, sino para cualquier tema que tenga un impacto significativo en la realidad ciudadana.

Esta información debe tener un carácter desagregado territorialmente, bien sea en municipios, localidades, barrios, para que esto permita que tanto el sector público como la ciudadanía, tenga la posibilidad de implementar estrategias para la reducción de los diferentes fenómenos sociales.

Finalmente, uno se preguntaría, si estos datos presentados para la ciudadanía, que tiene un carácter público -entre tanto los menores de la violencia sexual gozan de reserva-, no es clara ni suficiente, ¿será que la información con la que se realiza la planeación y prevención de casos desde el nivel institucional si lo es?, ¿Se está haciendo un ejercicio juicioso de análisis de datos para prevenir los diferentes escenarios de vulneración de derechos a menores de edad? Incluso, ¿el trabajo realizado por el Bienestar Familiar a nivel Regional está respaldado por estadísticas claras que logren localizar agredidos y agresores para así lograr prevenir estos hechos?

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De este modo, estas son algunas de las interrogantes que surgen al tratar de realizar, en calidad de ciudadano, un ejercicio de veeduría respecto a la violencia sexual en menores a nivel regional.

Que esta sea una invitación a las entidades que integran el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y en general a la población tolimense, a que se fortalezcan estas fuentes de información, y que los datos relacionados con violencia sexual en el Tolima no sigan siendo un documento sin sentido, guardado en la computadora de algún funcionario o publicado en una web para cumplir algún indicador, sino que  sirvan como una herramienta efectiva para la mitigación de estas problemáticas.