Por Martha Isabel Rojas - Arquitecta

Una de las responsabilidades de la función pública, es la de establecer el marco normativo indispensable, para que las diversas actividades urbanísticas ejercidas en el territorio, se ejecuten con base en un plan de ordenamiento territorial, caracterizado por la implementación de componentes estratégicos y flexibles, integrados a una base estructural de planificación, con la participación activa y permanente de la sociedad, de la academia y de los entes afines al objetivo de la planificación del territorio, conforme está establecido en la ley.

El actual Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del Municipio de Ibagué o Acuerdo 0823 del 23 de diciembre del 2014, tiene validez hasta el 2026 y al día de hoy, la administración municipal, en cabeza de Johana Aranda, se encuentra en un silencio que abruma y preocupa a quienes nos interesa el desarrollo integral del territorio rural y urbano del Municipio de Ibagué.

Lo anterior implica un proceso que es largo, dispendioso y complejo, con el cual se debería terminarse la formulación, implementación y sanción por tarde en el 2026, o como es costumbre: ¿van a esperar a que se venzan los términos de ley para improvisar y terminar formulando una especie de Frankenstein jurídico?  

Los vacíos jurídicos en la normativa urbana, están siendo aprovechados por los grandes urbanizadores y es lo que está permitiendo que, en el perímetro urbano se implanten o se pretendan implantar proyectos con torres de hasta 25 pisos.

Vean este ejemplo en lo que hoy se conoce como Plazas del Bosque, donde no se ha tenido en cuenta una multitud de variables, como: La movilidad en el sector, al tener una Avenida Ambalá que no soporta más carga vehicular; la capacidad de las redes de servicios públicos, no es suficiente y se afectaría un precioso bosque nativo que conecta con la estructura ecológica principal urbana (EEPU) por lo cual, el vecindario de manera reiterada, se ha pronunciado ante las autoridades municipales y ambientales en no estar de acuerdo con dicho proyecto.

Son múltiples los problemas que actualmente se producen en el territorio urbano y rural, por la falta de una reglamentación técnica, coherente, respetuosa, que admita un desarrollo armónico, que cubra las necesidades de salubridad, de seguridad, de un desarrollo sostenido de la economía, de conectividad, de educación y del goce y disfrute de un medio ambiente sano.

Desde el año pasado, la Universidad de Ibagué, en cabeza del arquitecto Eduardo Peñaloza, ha convocado a los diferentes gremios y líderes a conversatorios de ciudad y territorio, aportando un mecanismo de participación democrática abierto a los diferentes temas que afectan, atañen y preocupan cotidianamente a la sociedad ibaguereña.

Ejemplo a seguir, para la administración municipal, que debería de estar estructurando la manera y la forma en que se irán a implementar los medios de participación colectiva en la formulación del nuevo marco normativo de ordenamiento territorial, que deberá de regir a partir del 2026.