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Residentes de Alminar Samoa y el viacrucis que no termina

Residentes de Alminar Samoa y el viacrucis que no termina

Alminar Samoa, un gigantesco proyecto urbanístico pero también con gigantescas fallas.

 El desespero de los residentes del conjunto residencial Alminar Samoa en Ibagué no para. Se termina el 2022 y no obtuvieron las soluciones que les habían prometido. Para completar, han descubierto que después de terminado el proyecto la constructora acaba de contratar un estudio topográfico para las aguas residuales. 

Suena inverosímil, ahí está la muestra de otra de las tantas irregularidades cometidas en la construcción del proyecto, cómo así que contrata un estudio después de construido el conjunto”, expresó con indignación uno de los voceros del complejo habitacional.

El constructor hasta el último piso del proyecto hizo las cosas al revés, con la complicidad de todos los entes que deben ejercer vigilancia en este tipo de proyectos constructivos. Ahora está corriendo contratando estudios a destiempo y así hacer entrega del conjunto para que todo se vea que lo hizo bien, que todo está en perfecto estado, cuando sabemos que no es así, aquí prácticamente nos estafaron”, agregó el residente propietario.

Y es que a la problemática del agua, denuncian también fallas en la evacuación de las aguas lluvias, las conducciones con frecuencia se taponan. “Aquí improvisaron todo, en la torre 3 se inundan todos los aptos del primer piso, no se sabe por dónde van las redes hidráulicas, en fin esto fue hecho a sin ningún control de calidad”.

El complejo Alminar Samoa está compuesto de 5 torres de 16 pisos cada una con 12 apartamentos en cada piso. En total son 960 apartamentos. Hay que recordar que el proyecto arrancó mal desde el permiso de construcción otorgado por la curaduría 2, pues no cumplía con las exigencias requeridas, sobre todo, el de disponibilidad hidrosanitaria. Lo de Alminar Samoa es el reflejo de una problemática generalizada en Ibagué en la que ya es hora que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Servicios Públicos, intervengan.  

 

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