Lo ocurrido en el conjunto Alminar Samoa, es una gota de agua en medio del desierto, comparado con la extensa cadena de irregularidades que encontró el Grupo de Participación Ciudadana de la Contraloría General de la República-Gerencia Tolima (CGR), en el proceso de licenciamiento urbanístico y el servicio de acueducto para el conjunto residencial Altos de Miramar, localizado en la comuna 12 de Ibagué.

El Cronista.co tuvo acceso al documento-resumen del informe que arrojó la sesuda investigación de los funcionarios Vladimir Forero Serrano y Edison Fabián Murcia, en el que queda registrado un cúmulo de irregularidades de las que hacen parte funcionarios del IBAL, la Curaduría Urbana No.2, Secretaría de Gobierno, Secretaría Municipal de Planeación, de Infraestructura y Cortolima, entre otros.

Con la denominación “El concierto del agua para el licenciamiento urbano en Ibagué”, la CGR, Gerencia Departamental Colegiada del Tolima explica que en el desarrollo de los Planes Operativos de Control Fiscal Participativo, adelanta acciones que permitan hacer visible la problemática que viene afectando a Ibagué en materia de licenciamiento urbanístico, “que va de la mano con el desarrollo de la ciudad y que al parecer no cumple con los parámetros legales establecidos”.

En ese sentido y atendiendo llamados de la comunidad, desde el 2021, la CGR inicia la labor de investigar lo que ocurre alrededor del Conjunto Residencial Altos de Miramar, un complejo habitacional conformado hasta la fecha (30 de enero 2022) por 324 apartamentos declarados como Vivienda de Interés Social. La ocupación de estos apartamentos se habilitó a partir de 2018.

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Sin servicio de agua potable

Desde ese momento empieza el viacrucis para las familias que empezaron a ocupar los apartamentos. Se encuentran con un conjunto habitacional que no cumple con las expectativas de los compradores. No tienen servicio de agua potable ni vías de acceso en condiciones óptimas.

En la actualidad para poder acceder al servicio de agua deben acudir a un pozo que, por supuesto, no les ofrece agua apta para el consumo humano. Esa agua la consumen desde el 2018 hasta la fecha, además proviene de “una fuente subterránea no concesionada por la autoridad ambiental, ni viabilizada por autoridad sanitaria”.

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 Lo cierto de esto, como lo dice la veeduría ciudadana VAPI, (Agua para Ibagué), “Este trabajo de la Contraloría General de la República-Gerencia Tolima, es un documento asombroso sobre los alcances de la corrupción en el Tolima”.

Por lo pronto, los habitantes del Conjunto Residencial Altos de Miramar no son más que otras víctimas recientes de la actuaciones, omisiones, falsedades y prevaricatos, que como un collar de perlas, saltan en cada párrafo del informe de la Contraloría General de la República

(Esperen mañana segunda parte en la que se describirá, de acuerdo con el informe de la CGR-Gerencia Tolima, de manera pormenorizada la cadena de irregularidades cometidas en este complejo de apartamentos, que para algunos es solo la punta del iceberg de lo que se está dando en Ibagué en materia de disponibilidad de agua y licencias de construcción).