La bancada del Pacto Histórico, liderada por el presidente del Senado, Roy Barreras, radicó el acto legislativo que busca eliminar la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la Nación. La bancada de gobierno busca que estos entes de control sean reemplazados por un Tribunal de Cuentas.

La reforma modificaría la estructura actual del control fiscal que ejerce la Contraloría y la Auditoria General. Se espera que ese nuevo Tribunal de Cuentas haga parte de la rama judicial, lo que daría mayor independencia, autonomía y capacidad técnica para ejercer sus funciones.

"Esta iniciativa busca combatir efectivamente la corrupción a través de la modificación de la estructura del control fiscal. Actualmente, la Contraloría solo puede proferir fallos por medio de actos administrativos que son impugnados ante la jurisdicción administrativa. Con el Tribunal de Cuentas esta posibilidad se elimina y profiere sentencias definitivas con carácter de cosa juzgada", explicó Roy Barreras, autor de la iniciativa.

El presidente del Senado contó que esta propuesta ha sido presentada ante el Congreso en dos ocasiones, sin embargo, las bancadas de gobierno de ese entonces las tumbaron.

El proyecto de ley establece que el Tribunal sería un órgano que asiste al Congreso de la República en el ejercicio del control y vigilancia de la ejecución del presupuesto, así como en la evaluación de las políticas públicas del gobierno nacional y las entidades territoriales.

Los miembros del Tribunal de Cuentas serían provistos mediante el sistema de carrera administrativa, en el que prevalezca el mérito, la transparencia y la publicidad; el número de miembros, su organización y funcionamiento se reglamentaría mediante ley orgánica que expida el Congreso dentro del año siguiente a la aprobación del acto legislativo.

Asimismo, se crearían igualmente las Cámaras Departamentales de Cuentas, las cuales ejercerían ese mismo control fiscal y de evaluación de políticas públicas en los entes territoriales, y también serían reglamentadas mediante ley orgánica.

Finalmente, se eliminaría la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales, Municipales y Distritales, a partir de la expedición de la ley orgánica que reglamente la nueva estructura del sistema fiscal, cuyo órgano de cierre es el Tribunal de Cuentas.