La Procuraduría General de la Nación anunció que solicitará la extinción del dominio para todos los contratistas, que como personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, hayan pagado u ofrecido dádivas a servidores públicos para obtener información privilegiada, lograr la adjudicación de contratos o evitar la imposición de sanciones.

El Ministerio Púbico anunció que solicitará que la medida se aplique en todos los casos de corrupción donde la justicia haya probado pago de dineros; ofrecimiento o entrega de dádivas, favores u obsequios a servidores públicos con el propósito de obtener la adjudicación de contratos, conocer información privilegiada; el favorecimiento o un tratamiento indebido o desigual frente a otros proponentes o interesados; la no imposición de sanciones contractuales; la obtención de prórroga o adiciones de contratos; el recibo de bienes o servicios por parte de las autoridades; la aprobación de la ejecución contractual, sea esta defectuosa, imperfecta o no; la inactividad, retardo u omisión en la vigilancia de la contratación estatal, entre otras.

En ese sentido y teniendo en cuenta que la justicia condenó a servidores públicos de Ibagué que cometieron actos de corrupción en la celebración de contratos relacionados con el proyecto de los XX Juegos Nacionales y IV Para Nacionales, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar los trámites de extinción de dominio en contra de la sociedad Técnica y Proyectos S.A. (Typsa).

De acuerdo con la entidad, quedó comprobado que los representantes de esa firma española pagaron sumas de dinero a servidores públicos de la administración de Ibagué para obtener la adjudicación de un contrato. (Ver: "Ibagué, a levantarse de entre los escombros")

Para el Ministerio Público todos los contratistas o interesados en contratar con el Estado tienen el deber constitucional y legal el obrar de buena fe, con toda lealtad y probidad, en cada una de sus  actuaciones. El incurrir en conductas como las descritas no solo acarrea la imposición de sanciones penales y administrativas, sino también de carácter patrimonial como la extinción del dominio de sus bienes.

El Ministerio Público anunció además que vigilará la conducta de los particulares en la contratación estatal, e intervendrá con toda decisión cuando se configuren conductas que la lesionen. El mismo control se mantendrá frente a los servidores públicos, quienes tienen la guarda y custodia de la integridad y probidad de la función pública.

La Procuraduría General señaló que todo acto de corrupción que comprometa la independencia, objetividad e integridad de la administración será sancionado con el rigor que establece el Código Disciplinario.