El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez; el Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, y el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, alertaron sobre los efectos en los cambios en la composición accionaria de la sociedad Prestnewco S.A.S, propietaria de Medimás y pidieron medidas cautelares para proteger a más de 4 millones de afiliados y reclamaron por la presunta falta de idoneidad de la nueva cabeza al frente de la EPS.

El Contralor General advirtió que como órganos de control “nos parece preocupante que un contratista en el sector eléctrico, que evidentemente quedó mal, haya quedado al frente de la propietaria de la EPS, porque lo más importante, que no se puede pasar por alto, es que las personas que tienen la responsabilidad de atender a los ciudadanos en un tema tan complejo, que requiere de tanto compromiso como la salud, no pueden tener tacha”.

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Carrillo Flórez anunció que el Ministerio Público solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluar y adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida cautelar ordenada el pasado 23 de enero, cuando esa corporación acogió la petición de la Procuraduría, y le ordenó a la Superintendencia Nacional de Salud abstener de autorizar el cambio de la composición accionaria de Medimás, hasta tanto sean resueltas las acciones populares que allí cursan.

“En Colombia las decisiones de los jueces, dirigidas a proteger derechos, como en este caso el de salud, no pueden ser rey de burlas de quienes se escudan en que en los negocios entre privados los órganos de control no tienen injerencia. Lo dije y lo reitero, no vamos a tolerar que a través de subterfugios jurídicos se pretendan evadir decisiones judiciales y negociar las responsabilidades con la salud de los colombianos por debajo de la mesa y sin los controles debidos”.

La Procuraduría también le solicitó al Tribunal analizar si con los cambios de la posición societaria de Prestnewco S.A.S., se estaría contrariando la medida impartida, y de ser así se adopte las medidas inmediatas para poner fin al incumplimiento de la obligación impuesta.

Para el Defensor del Pueblo, “estas transacciones no pueden hacerse de espaldas al país. Estas entidades deben tener claro que manejan recursos públicos y no pueden entrar y salir de ese manejo sin que se tenga claridad de quienes son”.

“Cuando se aprobó el proceso de reorganización institucional por parte de la Superintendencia Nacional de Salud se evaluó cada sociedad participante de Prestnewco y se aplicó el Sarlaf  -  Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo -, porque es necesario saber quiénes están detrás del manejo de los recursos parafiscales”, insistió.

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La Contraloría, la Defensoría y la Procuraduría tras ser informadas por parte del Gobierno Nacional de la venta de acciones de la propietaria de Medimás, conformaron una comisión conjunta que desde la tarde de este miércoles realiza visitas a la EPS y a la Supersalud.

Así mismo, se acordó evaluar en las próximas horas con el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, las acciones tendientes para que se cumpla la orden impartida por el Tribunal de no hacer cambios hasta tanto sean falladas las acciones populares en curso.

En el pasado la Procuraduría requirió a la Supersalud para que exija a los propietarios de Medimás que cualquier proceso de cambio en la composición de la EPS sea puesto en conocimiento de dicho órgano de inspección vigilancia y control, a efectos de dar el trámite de autorización o negación del mismo de conformidad del Decreto 262 de 2013.

El Procurador  Carrillo reiteró que no se trata de un negocio entre particulares, porque el cambio en la composición accionaria de la propietaria de Medimás, también supone modificaciones en los derechos de propiedad de la EPS y en la participación para la toma de decisiones de la misma.

La Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría adelantarán las acciones para garantizar el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico, la adecuada administración de los recursos públicos y la garantía del derecho a la salud de los usuarios de MEDIMÁS EPS SAS.