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Ofensiva contra el multimillonario negocio de la minería ilegal en el Tolima
Imagen suministrada por la Gobernación del Tolima.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, lideró una cumbre de seguridad junto a altos mandos del Ejército, la Policía Nacional y Cortolima para radicar las nuevas estrategias contra la minería ilegal en el sur del departamento. El plan se centra en desarticular la comercialización de oro y cortar el suministro de combustible que alimenta a más de 300 retroexcavadoras detectadas en los municipios de Ataco y Chaparral. Según la mandataria, las labores de inteligencia ya están rastreando los puntos de compra y venta que sostienen esta economía ilícita.
Como medida contundente, la administración departamental ratificó la prohibición total de circulación de maquinaria amarilla y vehículos de más de 25 toneladas en el corredor vial que conecta a Coyaima, Ataco, Planadas y Chaparral. Esta restricción, amparada en una resolución de 2022 y reforzada por el Ministerio de Transporte, busca otorgar facultades legales a la Fuerza Pública para incautar equipos pesados, protegiendo así tanto la integridad de la infraestructura vial como la seguridad de los habitantes de la zona.
El impacto social de esta actividad ha sido devastador para la región, especialmente en Ataco, donde la llegada de aproximadamente cinco mil personas de otras zonas ha disparado los índices de violencia. Matiz reveló cifras alarmantes: los homicidios pasaron de seis casos en 2024 a doce en 2025, y en lo que va de 2026 ya se registran diez muertes. Ante este panorama, la Gobernación coordina acciones directas con el Ministerio de Defensa para frenar la degradación del orden público vinculada a la extracción minera.
Para garantizar la transparencia de los operativos y evitar la infiltración de redes criminales, la gobernadora solicitó formalmente a la Policía y al Ejército activar protocolos de contrainteligencia. La petición incluye la rotación permanente del personal uniformado apostado en el corredor vial del sur, con el objetivo de prevenir actos de corrupción y asegurar que el control territorial sea efectivo frente a los grupos que controlan el negocio del oro.
*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Gobernación del Tolima.
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