Por: Adriana Avilés Alvarado

Colombia necesita unas finanzas públicas sostenibles. Esa es una realidad que no podemos desconocer. Un Estado que gasta más de lo que recauda, que acumula obligaciones y que compromete recursos futuros tiene la responsabilidad de tomar decisiones para garantizar su estabilidad económica. Sin embargo, cuando se habla de rescate fiscal, hay una pregunta que no puede quedarse por fuera de la discusión: ¿quién termina asumiendo el costo de ese rescate?

El Gobierno ha presentado ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y generar nuevos ingresos. Su propósito merece un debate serio.

No obstante, algunos de los cambios tributarios propuestos han encendido las alarmas, particularmente aquellos relacionados con el impuesto al valor agregado (IVA) de productos que hacen parte del consumo cotidiano de millones de colombianos.

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La propuesta contempla, entre otras modificaciones, eliminar la tarifa reducida del 5 % para productos como el café, el azúcar refinado, los aceites vegetales, las pastas alimenticias y el chocolate de mesa, que pasarían a la tarifa general del 19 %. También plantea modificar el tratamiento tributario de alimentos como los fríjoles, las lentejas, los garbanzos, algunas frutas, verduras y productos lácteos.

Y aquí comienza una discusión que va mucho más allá de los porcentajes y las cifras de recaudo, porque detrás de cada impuesto hay una familia, una mesa, un mercado que se hace con esfuerzo y un presupuesto que muchas veces no alcanza para terminar el mes.

Para una familia de ingresos altos, un incremento en determinados productos puede representar un ajuste en sus gastos. Para un hogar que vive con uno o dos salarios mínimos, cualquier variación en el precio de los alimentos puede significar tener que elegir qué comprar y qué dejar de llevar a casa.

La política fiscal no puede analizarse exclusivamente desde las necesidades del presupuesto nacional. También debe evaluarse desde sus consecuencias sobre la vida cotidiana de las personas. La progresividad tributaria no debería ser solamente un principio escrito en una exposición de motivos; debe sentirse en la manera como se distribuyen las cargas económicas de una sociedad.

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Hay otro asunto que merece especial atención: el campo colombiano.
En departamentos como el Tolima, donde miles de familias dependen de la producción agrícola, el café, el arroz, el maíz y otras actividades rurales representan mucho más que una actividad económica: son sustento, identidad y posibilidad de permanencia en el territorio.

Por eso, cualquier modificación tributaria que pueda repercutir en los costos de producción, comercialización y consumo debe analizarse con especial cuidado. No podemos hablar de desarrollo rural mientras ignoramos las condiciones económicas de quienes producen los alimentos que llegan a nuestras ciudades.

El campesino necesita rentabilidad, el pequeño comerciante necesita vender y el consumidor necesita comprar. Son eslabones de una misma cadena económica. Si las decisiones fiscales afectan a alguno de ellos, sus consecuencias pueden trasladarse a los demás.

También es necesario reconocer los argumentos del Gobierno. La iniciativa plantea medidas de eficiencia del gasto público, reducción de costos del Estado y devolución del IVA a hogares de menores ingresos. Según lo anunciado, ese mecanismo podría beneficiar a 19 millones de colombianos. Son aspectos que deben examinarse con rigor, especialmente en cuanto a su financiación, cobertura, oportunidad y capacidad real de compensar las cargas que se proponen.

Pero hay una pregunta fundamental: ¿la devolución del impuesto garantizará que las familias no terminen perdiendo capacidad de compra? ¿Llegará oportunamente a quienes la necesitan? ¿Cómo se protegerá a quienes, por sus condiciones económicas o territoriales, puedan quedar por fuera de los mecanismos de focalización?

No basta con anunciar compensaciones. Es necesario demostrar que funcionan.
El Congreso de la República tiene ahora la responsabilidad de estudiar esta iniciativa, revisar sus efectos y escuchar a los sectores económicos, académicos, campesinos y sociales. El debate no debería reducirse a una confrontación entre quienes respaldan al Gobierno y quienes lo cuestionan. Se trata de evaluar con responsabilidad las consecuencias de las decisiones que pueden afectar la economía de millones de hogares.

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Necesitamos recaudo, pero también equidad. Necesitamos disciplina fiscal, pero también sensibilidad social. Necesitamos un Estado eficiente, pero no podemos olvidar que la razón de ser de las finanzas públicas es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

El verdadero desarrollo no se mide únicamente por cuánto dinero consigue recaudar un Gobierno, sino por las oportunidades que genera, la dignidad que protege y la tranquilidad económica que pueden alcanzar sus ciudadanos.

Un país necesita cuentas públicas sanas, pero también necesita hogares con comida en la mesa, campesinos con rentabilidad en sus cosechas y pequeños comerciantes con oportunidades para crecer.

El rescate de la economía no puede medirse solamente por lo que recauda el Estado, sino también por lo que conserva la gente en sus bolsillos.