La sentencia, proferida en calidad de persona ausente, califica los hechos como delitos de lesa humanidad y ordena su captura inmediata para el cumplimiento de la pena en un centro carcelario. La decisión se tomó en un juzgado penal de conocimiento de Apartadó, Antioquia.

El asesinato del sargento Lucuara Segura ocurrió el 5 de mayo de 2003, durante un fallido operativo de rescate en las selvas de Urrao, Antioquia. La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, estableció que Márquez, como miembro del Secretariado de las extintas FARC, impartió la directriz de asesinar a los secuestrados si se desarrollaba una operación militar de rescate. Esta orden fue cumplida por los guerrilleros encargados de la custodia.

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El sargento Lucuara Segura fue capturado por las FARC en agosto de 1998, tras combates en una zona rural entre Riosucio, Chocó, y Mutatá, Antioquia. Permaneció secuestrado durante casi cinco años hasta el momento de su asesinato. Durante el mismo operativo de rescate, también fueron asesinados el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, su asesor de paz, Gilberto Echeverry Mejía, y otros militares que estaban retenidos.

El fallo judicial encontró a Márquez culpable por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado. El proceso judicial se tramitó bajo la Ley 600 de 2000, correspondiente al anterior sistema penal colombiano.

Esta condena se suma a otra reciente proferida en junio de este año, en la que Márquez fue sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro y homicidio del subteniente del Ejército Nacional, Wargner Harbey Tapias Torres, quien también fue asesinado durante el mismo operativo de rescate en Urrao.

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El prófugo Iván Márquez

Iván Márquez fue excluido de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 4 de octubre de 2019, debido a su grave incumplimiento del régimen de condicionalidad previsto en la Constitución, la ley y el Acuerdo Final. La JEP consideró que Márquez faltó a sus obligaciones de dejar las armas, de comprometerse a no retomarlas ni reincidir, y de aportar a la verdad, la reparación de las víctimas y la reconciliación. 

Su exclusión implicó la pérdida de todos los beneficios y garantías otorgados por el Acuerdo de Paz, incluyendo la suspensión y cancelación de órdenes de captura, amnistías, indultos y libertades. Como resultado, todos los casos en los que estaba involucrado volvieron a ser competencia de la justicia ordinaria. Actualmente, Iván Márquez es líder de la disidencia de las FARC conocida como la "Segunda Marquetalia" y es prófugo de la justicia.