Las trabas administrativas en la definición de su identidad de género y la dificultad en el acceso a salud digna siguen afectando la cotidianidad de las personas transexuales y transgénero en una ciudad intermedia como Ibagué.

Este es el diagnóstico que se refleja en los estudios de las fundaciones Yapawayra y GAAT, cuyos resultados fueron dados a conocer en el 1er. Encuentro Trans-tornando el Cis/tema, celebrado por las colectivas feministas Lohana Berkins y Espiral de Fuego, con la Fundación Social Nakama y el programa Universidad Inclusiva, de Unibagué.

Según lo informó Paola Rodríguez, directora de Yapawayra y experta en la protección y atención de mujeres diversas, los costos del trámite para que una persona trans adquiera un nuevo documento de identidad con el que realmente se identifique pueden oscilar entre $400 y $800 mil.

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“Muchas se quedan a mitad de camino en su intención de adquirir un nuevo documento, porque les implica, muchas veces, trasladarse a sus lugares de origen, porque las notarías y la Registraduría actúan por separado”, explicó la profesional.

Y añadió que “pese a que en el país existe la sentencia T-99 de 2015, con la que se avala la obtención de un nuevo documento, en Ibagué trabajamos casos en 2019 y ninguna notaría quería o sabía cómo hacerlo”.

Gracias al trabajo de las fundaciones y colectivos defensores de derechos humanos, en 2022, la Notaría Tercera de Ibagué brinda con experticia el servicio para el trámite de nuevas identidades.

Acceso a la salud digna

Un estudio de la fundación GAAT concluyó que el 85 % de las personas trans ha sentido que los profesionales de la salud no están sensibilizados con su realidad, el 83 % considera que el sistema no está capacitado para atender sus necesidades puntuales, el 53 % ha pospuesto su atención en salud por miedo a que su identidad de género afectara directamente la atención y el 55 % se ha sentido agredido alguna vez por los profesionales de la salud.

La abogada Paula Márquez, defensora de Derechos Humanos, pide capacitación para quienes hacen parte de las entidades promotoras de salud, pero, también, la revisión de la estructura de atención con perspectiva de género.

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Política pública

Por su parte, Edwin Ferrer, asesor jurídico de la Política Pública de la comunidad LGBTIQ+ en Tolima, expuso hallazgos surgidos tras la elaboración del documento: “Pareciera que las mujeres trans estuvieran condenadas a ejercer solo dos actividades económicas por su decisión de serlo: la prostitución y la peluquería”.

Y agregó: “En la construcción de la política pública solicitamos nuevas tecnologías y metodologías para ser más efectivos en la planeación de estrategias que promuevan su bienestar. Todos vemos a las mujeres trans, pero no tenemos datos, no sabemos quiénes son, ni dónde están; ese tipo de información es relevante para construir programas que beneficien a estas mujeres”.

El programa Universidad Inclusiva y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de Unibagué han sido aliados estratégicos en la defensa y la restitución de derechos de la comunidad LGBTIQ+, a través de acciones legales y acompañamiento en la promoción de espacios diversos donde prime el respeto.