El inicio de las corralejas en El Espinal, programadas para los fines de semana de junio, estuvo marcado por un grave incidente en la plaza Gilberto Charry. Durante la jornada inaugural, un toro embistió a un participante que se encontraba en el ruedo, causándole heridas de alta gravedad y obligando a su traslado al hospital San Rafael. Tras el hecho, en redes sociales circularon videos y fotografías explícitas del ataque y de disturbios en las calles cercanas, lo que motivó a líderes comunitarios a pedir frenar la difusión de ese material para proteger la privacidad de los afectados.

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La realización de estos eventos taurinos cuenta con el aval de la Alcaldía de El Espinal, bajo el argumento de aplicar el periodo de transición estipulado en la legislación nacional y los pronunciamientos de la Corte Constitucional, que prohíben de forma definitiva estas prácticas a partir del año 2028. El alcalde Wilson Gutiérrez Mora ratificó que la actual edición será la última en la historia de la localidad, argumentando la necesidad de apoyar económicamente a las familias cuya subsistencia comercial depende de esta actividad, pese a que las autoridades locales aún no emiten un comunicado oficial sobre la reciente emergencia.

Esta reactivación de las festividades se produce mientras el municipio afronta las consecuencias jurídicas de la tragedia de 2022, cuando el colapso de una tribuna de madera en la misma plaza provocó la muerte de cuatro personas. Actualmente, cursan más de 30 demandas en los juzgados de Ibagué, los cuales han venido profiriendo condenas económicas en contra de la administración central por la falla en el servicio. Frente a los litigios, el gobierno local informó que la defensa jurídica atiende las notificaciones y que acatará los fallos definitivos de los jueces.

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Las graves heridas sufridas por el ciudadano y la difusión de las imágenes reactivaron las exigencias de colectivos de derechos humanos y organizaciones defensoras de animales, que piden la cancelación de los permisos institucionales para espectáculos que pongan en riesgo la integridad física. Estas solicitudes se respaldan en directrices de la Corte Constitucional, que instan a las administraciones municipales a reforzar las inspecciones de salubridad, los controles de orden público y las condiciones técnicas de las estructuras utilizadas.